Viernes, 20 enero, 2017

El instructor de los ERE en el TS se posiciona con la tesis de Alaya

Barreiro considera que hubo un plan para poner en marcha un sistema que eludiera los controles en la concesión de estas ayudas sociolaborales.

Mercedes Alaya


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El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa contra cinco aforados nacionales –entre ellos los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán– por los ERE fraudulentos en Andalucía se posiciona de forma muy clara durante los interrogatorios con las tesis de la instructora del caso en Sevilla, Mercedes Alaya, que considera que hubo un plan para poner en marcha un sistema que eludiera los controles en la concesión de estas ayudas sociolaborales.

Así se desprende de la transcripción de las declaraciones de Chaves y del que fuera consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que se celebraron los pasados 14 y 16 de abril y a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que el magistrado les dice que se les imputa “haber utilizado un sistema que ni permite el control previo a través de una fiscalización por parte de la Intervención de la Junta de Andalucía” con el fin de “poder solventar las objeciones” que dicho órgano de fiscalización planteaba.

En la toma de declaración a Zarrías, por ejemplo, el magistrado le señala: “Acudieron ustedes a un sistema que permitía sortear u obviar ese tipo de fiscalizaciones, por un lado, y al no tener que pasar por el circuito de control previo entonces se agilizaron más las ayudas ante un momento de crisis económica. ¿Usted que tiene que decir a ésto?”.

A este respecto, Zarrías señaló que nadie le comunicó que el procedimiento que se estaba llevando a cabo en ese momento era un procedimiento que vulneraba el derecho. “Nadie en ningún momento, ni el Gabinete Jurídico ni por supuesto conoció en ningún informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía. En ningún momento”, insistió el exconsejero ante el magistrado.

CHAVES

En el caso de Chaves, en un momento del interrogatorio al expresidente, y después de que éste declarase que no conocía el Convenio Marco de 2001 que amparó todo el sistema de ayudas, el instructor mantiene que le causa “extrañeza” que con la actividad política que tenía y las peticiones que recibía nunca se hubiera preguntado cómo se estaban concediendo las ayudas.

También se refiere a este convenio marco el magistrado durante el interrogatorio a Zarrías para manifestar que este documento “parece ser que pretendía sustituir todo lo que es una concisa regulación jurídica de los requisitos para dar una ayuda”.

Ante las manifestaciones del exconsejero de que no tuvo conocimiento de este convenio marco hasta que comenzaron las investigaciones judiciales, el magistrado le apunta que el viceconsejero de Empleo Antonio Fernández dijo en Sevilla que dicho documento se vio en uno de los “consejillos”. Ante esta manifestación, Zarrías insiste en que dicho convenio nunca se comunicó en la reunión de consejeros.

“No deja de causar extrañeza que estando introducido en este tema por doble vía –reuniones de viceconsejeros y en las ayudas a empresas en la provincia de Jaén– y habiendo conocido que había unos proyectos de decretos no tuviera ni siquiera la curiosidad de preguntar cómo se había solventado un sistema mediante el que se estaban dando ayudas por cantidades muy elevadas”, le llega a espetar el magistrado a Zarrías.

“REPETÍAN ERRE QUE ERRE”

En otro momento del interrogatorio, el magistrado reprocha a los exmandatarios andaluces que realicen acuerdos modelo sin individualizar la solución a los problemas. “Es como si yo tengo un problema concreto en un juzgado y en vez de adoptar una medida para solucionar el problema (…) lo que hago es soltar artículos y artículos (…) de una norma y así los tres años seguidos. (…) “Ustedes repetían erre que erre, orden tras orden, acuerdo tras acuerdo. Se lo digo como se lo dije el otro día al señor Chaves”, indica el magistrado a Zarrías.

Por su parte, Chaves declaró no conocer el Convenio Marco de 2001 hasta que no se preparó la comparecencia para la Comisión de Investigación del Parlamento andaluz o los convenios entre las distintas consejerías o entre los distintos organismos de la Junta porque “no pasaban por el Consejo de Gobierno ni tenían por qué pasar”.

Al respecto de las ayudas sociolaborales, señaló que fueron debatidas en el Parlamento y enmendadas con miles de enmiendas por lo que “cuesta pensar que en diez años de debates presupuestarios, de cientos de diputados, ninguno haya hecho ninguna observación de ilegalidad de una transferencia de financiación y concretamente de las transferencias de financiación correspondientes a ayudas sociolaborales”. “Es insostenible pensar que en diez años ha habido un intento de engañar al parlamento”, incidió durante su comparecencia.

En su declaración, el expresidente recalcó repetidamente que él “nunca” despachó con un director general, ni con un secretario general o incluso con un viceconsejero y que “única y exclusivamente despachaba con los consejeros”, “ninguno de los cuales” puso de manifiesto irregularidad, inadecuación o legalidad.

Así, insistió en que no despachaba con la entonces viceconsejera Carmen Martínez Aguayo por lo que, si ésta conoció los informes, ni ella ni el consejero “en ningún momento me han informado a mí de ninguna irregularidad”

Chaves también se refirió al interventor para aclarar que no ha conocido a ninguno durante los 19 años que ha sido presidente de la Junta, más allá de que haya podido saludar a alguno en un acto público.

HUBIERA IMPEDIDO LA IRREGULARIDAD

En otro momento de su declaración, a preguntas de los fiscales, Chaves recalca la misma idea: “La Junta de Andalucía es algo muy grande, con muchos directores generales, delegados de empleo (…) por lo tanto, quién ideó el Convenio Marco o quién ideó el procedimiento, yo no lo conozco”.

“Si hubiera conocido el convenio y alguien me hubiera advertido de irregularidad o de ilegalidad, lo hubiera impedido. Tengo muchos años y nunca una decisión política la he tomado sobre una base ilegal. Ni una decisión administrativa, normativa ni ninguna decisión política”, incide.

Con respecto a las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, el instructor señala que se dieron cantidades “proporcionalmente muy superiores al resto de Andalucía”, pero Chaves responde que no conocía la concreción de las ayudas para esa zona. “Lo que me preocupaban eran los conflictos que tenían efectos políticos graves”, dijo ante el juez el expresidente, que “no conocía” qué ayuda se daba a una empresa pequeña”.

EL FISCAL: “VEO UN DESCONTROL ABSOLUTO”

Durante el interrogatorio del fiscal, tras escuchar de Chaves que no conocía los informes de la Intervención ni ningún tipo de irregularidad, el representante del Ministerio Público, llega a decir que “aquí” ve un “descontrol absoluto”. “No se entera nadie de nada, esa es la verdadera realidad”, asevera.

“El consejero de Hacienda –Griñán– nos dijo que no conocía los informes, pese a que estaban remitidos para su traslado. La viceconsejera, al parecer, ni si quiera los ha leído. El consejero de Innovación, presidente del IFA (…) tampoco entiende necesario remitir estos informes, no entiendo absolutamente nada”, mantiene el fiscal.

Tras esa apreciación, Chaves dice que si los informes no se elevaron será porque “no lo consideraron necesario” y añade que no le consta que hubiera “un descontrol” aunque finalmente asume que “pudieron fallar los controles, sobre todo si hay alguien que intenta eludir los controles”.

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