Jueves, 27 Julio, 2017

            

El 80% de las viviendas que la Sareb ofrece a la Junta se hallan en provincias costeras

Estos inmuebles tendrán que ser inspeccionados por la Consejería para verificar que cumplen todos los requisitos y condiciones de habitabilidad necesarias

Foto: Archivo
E.P.


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El 80% de las 400 viviendas que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofrece a la Junta para destinarlas a alquiler social se encuentran en provincias costeras, especialmente Almería y Málaga, que copan más de la mitad de dichas viviendas.

Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda han precisado a Europa Press que la Junta está ultimando la tramitación del convenio de colaboración que suscribirá próximamente con la Sareb para destinar a alquiler social un parque aproximado de 400 inmuebles localizados en los municipios de Andalucía, que han sido ofertados inicialmente por esta entidad.

La oferta presentada se ubica en 78 municipios de las ocho provincias andaluzas, incluidas las ocho capitales de provincia. En concreto la provincia con más viviendas que la Sareb pretende ceder a la Junta es Almería, con 120; seguida de Málaga, con 86; Sevilla, con 70; Cádiz, con 56; Huelva, con 32; Granada, con 22; Córdoba con diez, y Jaén, con cuatro.

Estos inmuebles tendrán que ser inspeccionados por la Consejería “para verificar que cumplen todos los requisitos y condiciones de habitabilidad necesarias para su cesión a la Administración autonómica”.

Una vez firmado el convenio, las viviendas vacías pasarán a ser gestionadas temporalmente en régimen de alquiler por la Consejería y serán puestas a disposición de las familias andaluzas que más las necesiten, con carácter general, a través de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida.

La Consejería de Fomento y Vivienda deberá abonar por la cesión temporal de cada vivienda una cuantía fija que se establece entre 125 y 75 euros al mes.

Esta cesión, que se prolongará por un periodo de cuatro años, se regulará a través del citado convenio y proporcionará viviendas en alquiler a un precio de 150 euros mensuales destinadas a las familias con menos recursos y más necesidades que estén inscritas en los registros municipales de vivienda, no superando esta renta de alquiler el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Ese decalaje entre la cuantía que debe abonar la Junta y el precio del alquiler del inquilino viene motivado por el coste de la adaptación de los inmuebles para poder ser habitable.

“LAS OFERTADAS NO COINCIDEN EXACTAMENTE CON LA DEMANDA”

Una vez firmado el convenio, la Consejería acometerá un examen detallado de cada una de las viviendas “para determinar si se ajustan a las condiciones pactadas” y, si cumplen esas exigencias, se firmará el contrato de cesión en usufructo de las mismas, “por lo que no se descarta que del volumen inicial ofertado por la Sareb en este convenio pueda quedarse fuera algún inmueble por estas circunstancias”, han indicado las fuentes.

Éstas han explicado que la Consejería ha solicitado a la Sareb como prioridad que su oferta de viviendas “se concentre especialmente en aquellos municipios en los que se registra un mayor volumen de demanda de vivienda”, trasladándoles un listado de prelación con aquellos pueblos y ciudades en los que existe una mayor necesidad en esta materia.

En ese sentido, la Junta reconoce que “el número de viviendas ofertadas no coincide exactamente con los enclaves de mayor demanda”, pero ha apuntado que la Consejería “va a incluir todas las viviendas en principio para aprovechar todos los recursos con el fin último de disponer de esos activos para conferirles un uso social y evitar que esos pisos permanezcan vacíos”.

Por su parte, fuentes de la Sareb han recordado a Europa Press que esta sociedad “ya ha firmado acuerdos con ocho comunidades autónomas –sin contar a Andalucía– y con dos ayuntamientos”, de manera que tiene comprometidas 1.805 viviendas para destinarlas a alquiler social, sin tener en cuenta a Andalucía, donde el convenio contempla la cesión de 400 viviendas, ni a Extremadura, cuya firma de convenio también está avanzada y que podría ascender a 45 viviendas.

Han recordado que este programas se inició en octubre de 2013 con 2.000 viviendas y se amplió en 2015 hasta las 4.000 viviendas, todas ellas suponen un acuerdo de cesión temporal. Han precisado que cuando se amplió a 4.000 viviendas también se amplió la iniciativa a grandes ayuntamientos de más de 250.000 habitantes.

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