Domingo, 23 Julio, 2017

            

Citan a declarar como imputados a ocho ediles del PSOE en Granada, incluido el candidato a la Alcaldía

Los socialistas siguen manteniendo de hecho que la operación en los terrenos del llamado Palacio de Hielo fue "irregular" por lo que han avisado de que no van a entrar en el "juego del PP"



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El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como imputados a los ocho ediles del grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital, incluido su portavoz y candidato socialista a la Alcaldía, Francisco Cuenca, por un supuesto delito de acusación o denuncia falsa por la querella que presentaron en su día contra el alcalde, José Torres Hurtado (PP), por una operación urbanística relacionada con la urbanización del Cerrillo de Maracena, en el marco de una causa en la que el regidor fue imputado por un posible delito de prevaricación y que finalmente fue archivada.

Según la providencia del magistrado Antonio Moreno, de fecha 17 de abril y a la que este lunes ha tenido acceso Europa Press, tendrán que comparecer en sede judicial los días 5 y 6 de mayo, a escasos veinte días de la celebración de las elecciones municipales del 24 de ese mismo mes.

Concretamente, los querellados Jemima Sánchez, María Escudero, Ana Muñoz y Raquel Ruz han sido citadas para el día 5, a las 10,00, 10,45, 11,30 y 12,15 horas, respectivamente. Miguel Ángel Fernández Madrid, Baldomero Oliver, José María Rueda y Francisco Cuenca tendrán que declarar acompañados por sus abogados el día 6 de mayo a las 10,00, 10,45, 11,30 y 12,15 horas.

La apertura de diligencias se produjo a raíz de la querella presentada por Torres Hurtado contra los concejales socialistas, entre ellos Cuenca y el también secretario local del PSOE de Granada, José María Rueda.

Según consta en la resolución de incoación de diligencias previas, a la que tuvo acceso Europa Press, tanto del auto de sobreseimiento que decretó el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que llevó la causa contra el regidor, como del auto de la Audiencia Provincial que ratificó el archivo “podría desprenderse la presunta falsedad de las imputaciones realizadas a sabiendas” por el grupo socialista.

De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción 1 señaló que la querella formulada por los socialistas adolecía de la “especificación de las resoluciones supuestamente prevaricadoras”, pues en la instrucción se comprobó que todas las actuaciones estaban “plenamente justificadas” y estaban avaladas por la regularidad en su tramitación, lo que fue confirmado por los empresarios y el regidor imputados.

En este sentido, el auto de la Audiencia Provincial que confirmó el archivo incidió en el “carácter parcial, subjetivo, que no se ajusta a la realidad (cuando menos) e instrumentalizador de la querella interpuesta”, manteniendo que los ediles del grupo socialista podían ser conocedores de las decisiones que se tomaron en esta operación urbanística, pese a que ellos lo negaran.

A raíz de esta denuncia de los socialistas, el alcalde de Granada tuvo que declarar, junto a varios promotores y dos representantes de una caja de ahorros, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada en calidad de imputado por un posible delito de prevaricación por una operación en la que el Ayuntamiento aceptó saldar una deuda de 8,2 millones de euros a dos promotores, a cambio del porcentaje en una parcela que, según sostenía el PSOE, estaba valorada a un precio inferior, lo que a su juicio podía menoscabar las arcas municipales.

Finalmente, la causa fue archivada y el regidor instó a los miembros del grupo socialista a disculparse públicamente por las acusaciones vertidas advirtiendo de acciones legales si no lo hacían.

Recientemente, el PSOE informó de que había presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la apertura de la investigación, pero el juez el paso que ha dado ahora ha sido el de citarlos a declarar.

El concejal del PSOE Baldomero Oliver, uno de los imputados, señaló entonces que la investigación es “insustancial” desde el punto jurídico, y consideró que la actuación de los socialistas no reúne los requisitos del tipo delictivo que se le atribuyen.

Además, para Oliver, la denuncia que ha motivado que el caso haya llegado al Juzgado, que partió del propio alcalde, tiene una intención “claramente política”, y responde a una “venganza” del regidor.

Los socialistas siguen manteniendo de hecho que la operación en los terrenos del llamado Palacio de Hielo fue “irregular” por lo que han avisado de que no van a entrar en el “juego del PP” que, según indicó Oliver, “quiere imponer en esta ciudad la ley del silencio, una auténtica omertá”.

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