IU pide al Ayuntamiento que destine los ingresos por multas a mejorar la educación vial y movilidad de Granada

Aseguran que el Ayuntamiento cuenta con un sistema de movilidad "pensado para perseguir al conductor"

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Un agente multa a un vehículo | Foto: Archivo GD
Nacho Santana | @NachoSantana_27
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El portavoz en el Ayuntamiento de Izquierda Unida, Paco Puentedura, ha comparecido en el consistorio para lamentar que no se adopten “medidas coherentes en materia de movilidad sostenible”. Así se ha expresado antes de asegurar que el equipo de Gobierno está destinando “partidas que aumentan las multas de tráfico”, en relación al sistema “del sistema de cámaras y movilidad con el que cuenta la ciudad, pensado para perseguir al conductor“.

En esta línea, se ha pronunciado sobre el convenio firmado con la Diputación que permitirá al Ayuntamiento realizar el cobro de seis millones de euros de multas realizadas en la ciudad en los últimos tres años a personas no residentes en la misma, para las que el consistorio granadino no podía utilizar la vía ejecutiva. Puentedura ha asegurado que este acuerdo es “necesario, pero no en los términos que se están planteando”, e indica que su grupo llevará al próximo pleno una iniciativa para pedir que estos ingresos tengan un destino finalista, es decir, “que los ingresos por multas se destinen a mejorar la educación vial y la movilidad sostenible” en la ciudad.

Además, el portavoz de IU ha apuntado que la ciudad cuenta con un “sistema de notificaciones obsoleto” que ocasiona “que la multa muchas veces pueda no llegar a alguien que ha cambiado de domicilio”. De este modo, asegura que se “aumenta el coste de una multa con artimañas administrativas”.

2017 deja 100.000 multas en Granada

Puentedura ha señalado que el pasado 2017 dejó unas 100.000 multas en Granada, de las cuales solo tres son de vehículos extranjeros, mientras que unas 26.000 son de personas residentes en la capital y más de 40.000, de personas de la provincia u otras provincias. Con el convenio firmado con la Diputación, el Ayuntamiento conseguiría el cobro de 48.000 multas pendientes desde los años 2015, 2016 y 2017, de cuyo importe se destinaría un 25% al organismo provincial.



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