Granada y Motril arrancan 2024 sin definir los plazos para implementar sus zonas de bajas emisiones

Las búsquedas en Google se disparaban minutos antes de que el reloj de la Puerta del Sol diera paso a las última campanada de 2023: "¿Puedo entrar con mi coche en Madrid?". Desde el 1 de enero, la capital de España ha limitado la circulación dentro de su almendra central –área comprendida por el perímetro de la M-30– y la llamada nueva Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección: la delimitada por un lado por las rondas, el eje Prado-Recoletos y las calles Génova, Sagasta y Carranza hasta el barrio de Argüelles; y por otro por las del entorno de Plaza Elíptica.

Un año después de que haya terminado el plazo para la implantación de las zonas de bajas emisiones, sólo quince de las 151 ciudades españolas obligadas a activarlas lo han hecho. El resto siguen en trámites o incluso pendientes de un proyecto que defina su extensión y los niveles de restricción en función de las zonas afectadas. Entre las del primer grupo figura Granada. Motril, la otra ciudad de la provincia obligada a implantar una ZBE por contar con más de 50.000 habitantes, ni siquiera ha iniciado los trámites. Al menos así figura en el mapa interactivo que desarrolla el estado de ejecución de cada una de estas áreas y su ámbito competencial tanto en materia de extensión geográfica como de limitaciones, y que figura en el portal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La ZBE de Granada capital

En diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Granada adjudicaba nuevas inversiones para la implantación de su Zona de Bajas Emisiones que iban desde cámaras web a equipos informáticos diversos o equipamientos de control de tráfico. La capital incluso sacó a concurso por un importe cercano a los 100.000 euros el portal web que debe gestionar las autorizaciones de vehículos en la ZBE. Pero en septiembre, el Consistorio se veía obligado a solicitar una prórroga ante el riesgo de perder los fondos europeos liberados por el Gobierno y destinados a tal fin. Así las cosas, de los plazos poco o nada se sabe desde que, en julio de 2020, Luis Salvador y César Díaz, entonces alcalde y concejal de Movilidad de la capital, anunciaran la puesta en marcha "progresiva" de esta herramienta dentro del Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible.

El proyecto presentado, que es sobre el que hasta lo que se sabe trabaja el Consistorio, se extiende por un área de 450 hectáreas divididas en cuatro zonas de acceso. La primera estaría delimitada por Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Avenida de Madrid, Carretera de Murcia, el Camino Viejo del Fargue y el Sacromonte. La zona 2 estaría acotada a Puente Blanco, Acera del Darro, Puerta Real, Reyes Católicos, Plaza Nueva, Carrera del Darro, Cuesta del Rey Chico, Paseo de la Silla del Moro, Paseo de la Sabica, Avenida Santa María de la Alhambra, Paseo de las Palmas, Cuesta Molinos, Puente Verde y Paseo de los Basilios. La tercera zona quedaría dentro del perímetro formado por Recogidas, Puerta Real, Acera del Darro, Paseo del Violón, la rotonda del helicóptero y el Camino de Ronda. La zona 4, por último, estaría limitada por Camino de Ronda, Plaza Einstein, la Avenida de Fuentenueva, Severo Ochoa, la Avenida de la Constitución, Gran Vía, Reyes Católicos, Puerta Real y Recogidas.

Todas estas zonas contarían con un perímetro de acceso en el que deben quedar instaladas las 18 cámaras que vigilarán la entrada y salida de coches. Y éstos, en función de la etiqueta que tengan, tendrían más o menos libertad de movimiento y estacionamiento en dichas zonas, a excepción de residentes y personas con movilidad reducida. Así, un coche censado en la zona 1 tendría prohibido aparcar en zona 2, 3 o 4 si no tiene fijada allí su residencia, salvo que cuente con etiqueta 0.

Motril y el resto de municipios

Mucho más retraso acumula Motril, cuya demora incluso suscitó la intervención del Defensor del Pueblo. Cabe recordar que la Ley de Cambio Climática no sólo contempla la instauración de zonas de bajas emisiones en ciudades que exceden los 50.000 habitantes, sino también en aquellas con más de 20.000 censados si presentan deficientes niveles de calidad del aire. De esta forma, y pese a no aparecer en el mapa interactivo del ministerio que dirige Teresa Ribera, Armilla también lleva a cabo inversiones para la implantación de su propia ZBE, en este caso con un nivel de ejecución de las obras que en octubre ya alcanzaba el 50%, según informó el Ayuntamiento armillero. Fuentes del Consistorio del municipio metropolitano aseguran a GranadaDigital que dicha actuación se encuentra ya prácticamente finalizada y que este mismo mes se celebrará un acto de reinauguración de la Avenida Fernando de los Ríos. Asimismo, Armilla, donde hay tranquilidad con el cumplimiento de plazos, continúa esperando la próxima convocatoria para la segunda fase, que será desde la Rotonda de la GR-30 hasta la Feria de Muestras, según informó su alcaldesa, Loli Cañavate.

La puesta en funcionamiento de estas zonas de bajas emisiones se convirtieron en requisito legal con la entrada en vigor el 21 de mayo de 2021 de dicha ley. La arena del reloj comenzaba a caer para todos los ayuntamientos afectados con un horizonte; el del 21 de mayo de 2021, fecha tope contemplada por la norma para la implementación. Más de un año y medio que en algunos casos se consideraba un tiempo insuficiente, motivo por el que algunos ayuntamientos como el de Málaga o la propia Granada solicitaban una moratoria. Otros municipios granadinos en los que podría entrar en funcionamiento este instrumento –amén de los ya consabidos Motril y Armilla así como la capital– son Maracena, Baza o Loja.