Subdelegación afirma que la 'Operación Enredadera' ha sido residual en Granada

El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha señalado este miércoles que la 'Operación Enredadera' ha sido algo "residual" en Granada y no se espera que "vaya a más" en esta provincia.

A preguntas de los periodistas, Pérez ha señalado que este tipo de operaciones "nunca están cerradas del todo", si bien ha recordado que en Granada ha supuesto el arresto de una única persona porque "vivía aquí" y que el "gran nudo" de las detenciones se ha producido en torno a Sevilla, al ser una pieza que se "desgaja de Mercasevilla y la Operación Madeja".

En Granada, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil, ha detenido a una mujer de 39 años en el marco de la citada 'Operación Enredadera', una nueva fase de la 'Operación Madeja', desplegada a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación la mujer fue precisamente empleada de Fitonovo, una de las empresas con las que mantenía relaciones el que fuera director del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño cuyo patrimonio personal ascendió de manera considerable y sin justificar después del concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla SA, según la Guardia Civil.

Del informe patrimonial realizado sobre esta persona se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.). Esto ya provocó que en julio y diciembre de 2013 ya se iniciasen nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de esta empresa.

Las detenciones y registros de esta operación han tenido lugar, además de en Granada, en Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Entre estas actuaciones se encuentra el registro de la Diputación de Sevilla o la detención de un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura.

A los detenidos e imputados en esta operación se les acusa de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.