Sábado, 29 Julio, 2017

            

Podemos se reunirá con el PSOE-A aunque no ve respuesta a sus condiciones

Sobre la primera de las medidas, relativas a la dimisión de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que los partidos sean responsables subsidiarios en los casos de apropiación indebida que hayan beneficiado a los mismos, la formación de Teresa Rodríguez

Foto: E.P


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Podemos considera que el PSOE-A “no da respuesta a sus condiciones” en los documentos que este jueves han trasladado a la formación ‘morada’, si bien se reunirán con los socialistas para abordar la investidura de la socialista y candidata, Susana Díaz, con toda probabilidad este sábado, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Así lo ha manifestado Podemos en un comunicado que han remitido junto a los documentos que les han trasladado los socialistas este jueves, lo que era condición para reunirse antes del debate de investidura.

Sobre la primera de las medidas, relativas a la dimisión de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y que los partidos sean responsables subsidiarios en los casos de apropiación indebida que hayan beneficiado a los mismos, la formación de Teresa Rodríguez ha señalado que “no hay respuesta” del PSOE-A a la segunda parte de su petición, mientras que de la primera parte, como ya han manifestado en varias ocasiones, sí que se dan por satisfechos con la renuncia de ambos dirigentes.

Respecto a la condición de que la Junta no convenie con bancos que desahucien a personas sin alternativa habitacional para cumplir así los estándares internacionales en materia de desahucios; Podemos entiende que los socialistas dicen “claramente” que no aceptan esta medida.

Explica Podemos que el cambio de las cuentas corrientes de las administración pública “no requiere de ninguna ley que lo autorice, de la misma manera que no hay ninguna ley que le haya dicho a la Junta dónde tiene que tener abiertas las cuentas bancarias que actualmente existen”. “Si no lo hacen es porque no quieren”, sostiene.

Por su parte, el PSOE-A, en un documento de cuatro folios, propone siete medidas en materia de desahucios.

Por un lado, recuerda que en Andalucía existe la Ley de la Función Social de la Vivienda que está paralizada por el TC pero que cuando se levante la suspensión “seguirá un instrumento esencial” para combatir esta situación.

Además, asegura que regularán y desarrollarán el sistema andaluz de información y asesoramiento integral; así como apuesta por avanzar en el ámbito de la protección de consumidores en esta materia mediante la ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias de la contratación de los préstamos hipotecarios.

En la misma línea, el PSOE-A sostiene que en el nuevo reglamento de la Vivienda Protegida regulará con carácter específico el parque público para “vedar expresamente la posibilidad de que estas viviendas puedan ser vendidas a fondos de inversión especializados en especulación con activos tóxicos”.

Añade también que donde el Ejecutivo andaluz no tenga competencias, “instarán al Gobierno de la Nación”, al tiempo que promoverán la elaboración y asunción de un código de buenas prácticas, así como constituir un grupo de expertos que puedan proponer medidas concretas aplicables en este ámbito.

SIN DATOS DE LA “ADMINISTRACIÓN PARALELA”

En cuanto a la tercera petición de Podemos, relativa a la reducción “drástica” del número de altos cargos de la Junta para recuperar plantillas “menguadas” de educación, sanidad y bienestar social, así como la publicación del número y sueldo de los asesores políticos, Podemos asegura que el PSOE-A vuelve a decir “claramente” que no la acepta.

“Se dice que se ha recortado, pero no se facilitan los datos del personal directivo del la administración paralela, ni su número ni su sueldo. Este dato debería conocerse en función de las propias normas de transparencia que actualmente existen”, ha señalado la formación ‘morada’.

En este caso, en el documento del PSOE-A relativo a esta condición, de siete folios, el partido de Susana Díaz se marca como objetivo de futuro “avanzar en la racionalización y reestructuración del sector público de entes de forma que puedan refundirse un 5 por ciento de los existentes a esta fecha, así como una reducción del 5 por ciento de altos cargos y personal directivo de entes públicos y el 5 por ciento de los eventuales”.

El PSOE-A asegura que “no renuncia a seguir mejorando la estructura y funcionamiento del sector público”, pero “es una tarea compleja que no puede resolverse simplemente eliminando sin más estructuras”.

Entiende que el sector público “tiene que tener el tamaño necesario para la asunción de la tarea de prestación de servicios que tiene asignada y necesita también utilizar los distintos recursos que permite la legislación vigente”.

Y es que, afirman en el documento que “la concreción de cómo y qué puede mejorarse requiere de un análisis técnico y profundo sobre las tareas que cada entidad tiene asignadas”, para lo que crearán un grupo de trabajo que, con la participación de expertos, “colabore con la Administración para determinar la reordenación necesaria, teniendo en cuenta el trabajo que ya se ha realizado”.

Este grupo trabajaría en base a consideraciones como que la reestructuración “no suponga menoscabo de la calidad del servicio que se presta; que no se contribuya a la privatización de servicios esenciales o que se garantice que las entidades que realicen funciones que impliquen el ejercicio de autoridad cuenten con funcionarios públicos suficientes para garantizar su ejercicio.

De esta manera, los socialistas aseguran que el ahorro que pueda conseguirse para el presupuesto público por esta vía “se destinaría a incrementar la dotación de la bolsa de personal sanitario y educativo”.

Junto a ello, y para garantizar el “mantenimiento y mejora” de la prestación de los servicios sanitario y educativo, PSOE-A avanza que planteará que durante los próximos dos años concentrarán el nivel de reposición de efectivos que permita la legislación básica del Estado “para concentrarla hasta donde sea posible en el personal sanitario y educativo”.

DATOS DEL EJERCICIO DE 2015

De la misma manera, el PSOE-A explica en el documento el “esfuerzo de reducción y ajuste” que la Junta ha hecho en el sector público durante el 2015. Así, recuerda que “se han reducido los altos cargos y eventuales”, de manera que de 2008 a 2015 “se ha pasado de 316 a 218 altos cargos, con un ahorro de 8.187.015,60 euros”, así como que “se ha reducido 42 puestos de personal eventual con un ahorro de costes de 2.154.203,01 euros”.

En el período de 2011 a 2015 se ha reducido el número de directivos de entes instrumentales en un total de 263 puestos “que han conllevado un ahorro de 10.631.116 euros”, según sostiene el PSOE-A.

Asimismo, entre los datos que aportan los socialistas, destacan que el número de altos cargos en Andalucía, en comparación con otras comunidades autónomas, “tiene una de las ratios más bajas”. Por cada millón de habitantes hay un total de 26 altos cargos, frente a los 144,3 de La Rioja o los 117,2 de Cantabria, según los datos del PSOE-A.

Aseguran que “este esfuerzo de ajuste y contención se ha hecho sin menoscabo de los servicios públicos esenciales” e incide en que en Andalucía “no ha habido ni marea blanca ni deterioro de nuestro sistema educativo”.

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