Lunes, 23 enero, 2017

La Ley andaluza de Transparencia obligará a la Diputación y los ayuntamientos a informar sobre su financiación

Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario de Acción Ciudadana y Gobierno Abierto del PSOE de Granada, Sergio Bueno, quien se ha referido además a otro de los ejes centrales de la nueva legislación autonómica como son los acuerdos adoptados en los órganos de gobierno

E.P.


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El PSOE de Granada ha afirmado este martes que la Ley andaluza de Transparencia, cuyo trámite parlamentario arranca esta semana, obligará a la Diputación de Granada y a todas las corporaciones locales de la provincia a hacer pública toda la información relativa a las vías de financiación, deuda pública y a las campañas de publicidad institucional.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el secretario de Acción Ciudadana y Gobierno Abierto del PSOE de Granada, Sergio Bueno, quien se ha referido además a otro de los ejes centrales de la nueva legislación autonómica como son los acuerdos adoptados en los órganos de gobierno. Con la nueva ley, ya que no será suficiente con la publicación del orden del día ni con dar cuenta de los acuerdos que se adopten en estos órganos, sino que los ciudadanos podrán acceder a informes, propuestas o a la propia consignación presupuestaria que aparezca en los expedientes.

“El ciudadano podrá conocer cómo se toman las decisiones, por qué y en base a qué”, ha apostillado Bueno, quien ha añadido que la normativa andaluza contrasta con una legislación nacional al respecto “corta y cicatera”, al afectar únicamente a partidos, sindicatos y a empresarios que contraten determinadas cuantías con la administración pública.

En este sentido, el representante socialista ha explicado que la Universidad de Granada, todas las empresas públicas municipales y entes instrumentales de la propia administración local y provincial o el propio Consejo Consultivo deberán someterse a la Ley andaluza de Transparencia, que también amparará el acceso a la información de la gestión de instituciones sin ánimo de lucro o asociaciones beneficiarias de ayudas públicas “para que rindan cuentas ante la ciudadanía de qué hacen con los fondos públicos”.

Bueno ha señalado que la ley impulsada por el Ejecutivo de Susana Díaz establece un régimen sancionador cuando se incumplan los preceptos legislativos para conseguir “reforzar la posición ciudadana frente a la administración a la hora de cumplir con esa obligación de ser transparentes”.

El secretario socialista de Acción Ciudadana también ha asegurado que estarán sometidos a la nueva legislación todos los conciertos públicos en ámbitos como el deporte, la cultura, la educación o los servicios sociales, además de todos los sistemas de gestión indirecta, esto es, la gestión externalizada o público-privada que desarrollen los ayuntamientos.

CONSENSO

Bueno ha indicado que la ley nace además después de un proceso “altamente participado”, ya que se han articulado un total de 125 medidas después de más de 43.000 visitas al portal online donde se incorporaba el texto y más de 1.500 asistencias de colectivos, asociaciones y profesionales de la Administración pública a las distintas jornadas. Como resultado de ello, se han presentado en total 488 enmiendas, de las que han sido admitidas una de cada cuatro hasta alcanzar las 119.

Bueno, quien ha remarcado que Andalucía es una de las comunidades más transparentes detrás del País Vasco, La Rioja y de Cantabria con un 92,5 por ciento de valoración en cuanto a transparencia, ha incidido en que la normativa andaluza “va mucho más allá de lo que ha intentado regular el Gobierno de Rajoy, ya que nace con una vocación de mayor transparencia y de mayor participación ciudadana”.

“Será un instrumento ágil y eficaz para impulsar un mejor conocimiento de la gestión pública y de qué hacen los poderes públicos”, ha apuntado el representante socialista para concluir asegurando que además de propiciar la dación de cuentas, la Ley de Transparencia será “una palanca importante como complemento de la Ley de Participación Ciudadana, actualmente en fase de anteproyecto”.

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