Lunes, 29 Mayo, 2017

La Junta comunica al Gobierno que perdió 2.800 millones entre 2009 y 2011

El Gobierno andaluz ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas su documento de análisis de los efectos de la aplicación del actual sistema de financiación autonómica,



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La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha dado a conocer en rueda de prensa las principales conclusiones de este documento de análisis de la aplicación del sistema de financiación, apuntando que claramente ha perjudicado a Andalucía y ha dificultado su convergencia con otros territorios.

Según los datos facilitados por la consejera, en 2009, Andalucía percibió 1.887 euros por habitante, frente a una media de las comunidades de 2.023 euros; en 2010, 2.256 euros, frente a 2.355, y, en 2011, 2.163 euros, por 2.268, respectivamente. Esto ha conllevado que hayan dejado de llegar a Andalucía 1.113 millones en 2009; 818 millones, en 2010, y 870 millones, en 2011, último ejercicio cerrado.

Como principales conclusiones de la evaluación del modelo de financiación, según ha señalado María Jesús Montero, se pueden señalar que el sistema no ha permitido garantizar la suficiencia financiera de recursos de las comunidades; ha profundizado en la desigualdad de financiación por habitantes ajustado entre comunidades a igualdad de competencias; la cuantía y distribución de los fondos de convergencia no han servido para atenuar las diferencias de financiación entre regiones, y se han puesto de manifiesto las profundas desigualdades existentes en cuestión de autonomía financiera y capacidad fiscal.

Asimiso, la consejera ha criticado que el Gobierno central no ha atendido al principio de lealtad institucional, por cuanto ha aprobado multitud de normas, sin consenso, con impacto en los ingresos y gastos de las comunidades sin la valoración y compensación procedentes, como en lo que atañe al IVA.

La consejera ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de la Nación para que lidere el debate sobre la nueva financiación autonómica con “determinación y solvencia técnica”, apuntando que no puede ser un mero “espectador pasivo” ante las reivindicaciones o posibles roces entre los distintos territorios ni un mero árbitro que dirima las diferencias entre unas y otras, sino que, ante todo, tiene que velar por los principios constitucionales. Asimismo, ha apelado, de cara a un nuevo sistema de financiación, que se contemple un sistema corrector, algo de lo que ha carecido el actual, que año tras año, ha consolidando desigualdades.

Ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no confronta, sino que está reivindicando lo que corresponde a esta tierra y está poniendo de manifiesto una realidad que es “incuestionable”, que esta comunidad ha sido claramente perjudicada por el actual modelo de financiación.

Montero ha asegurado que la infrafinanciación que sufre Andalucía conlleva “un esfuerzo proporcionalmente mayor para alcanzar los objetivos de déficit” y tiene “consecuencias en términos de menor crecimiento del PIB y del empleo, así como mayor dificultad para alcanzar la convergencia en términos de renta con otros territorios de España”. Ha asegurado que Andalucía habría cumplido con el objetivo de déficit si hubiera recibido una financiación adecuada.

Entrando en detalles, el documento pone de manifiesto que el modelo “no ha garantizado la suficiencia de recursos (ya que se observan diferencias significativas entre el gasto y la financiación para los servicios públicos fundamentales), ni la equidad entre las comunidades y ha acentuado las desigualdades de autonomía fiscal y de corresponsabilidad fiscal” entre los territorios.

La consejera ha argumentado que el sistema no garantiza la suficiencia de recursos, ya que cuantifica las necesidades de cada comunidad para la prestación de los servicios públicos fundamentales a través de su participación en el denominado Fondo de Garantía según la variable población ajustada, pero la financiación del resto de los servicios que prestan las comunidades se calcula por la diferencia entre las necesidades globales de financiación y las necesidades para los servicios fundamentales, “sin utilizar ningún criterio objetivo para valorarlas”.

Además, no se tienen en cuenta los cambios en las necesidades de financiación de los servicios públicos fundamentales, superior a los recursos adicionales que les proporciona el sistema, por lo que se origina una insuficiencia de recursos que “se traslada y consolida íntegramente en el tiempo como insuficiencia financiera del resto de competencias”, ya que las comunidades desvían otras partidas para garantizar el sostenimiento de los servicios fundamentales.

Junto a ello, Andalucía resalta que el modelo ha profundizado la desigualdad de la financiación entre las comunidades (por habitante ajustado) pese a tener iguales competencias. Según Montero, ello obedece a que el criterio de la población ajustada se aplica de manera directa sólo a una parte de los recursos del sistema, al Fondo de Garantía, mientras que el resto se reparten sin este criterio, por lo que se “neutraliza el efecto de la población ajustada”.

Por eso, ha lamentado que “la capacidad de convergencia del modelo es nula, ya que las desigualdades se acumulan, con graves consecuencias en términos de crecimiento y empleo para aquellas comunidades peor tratadas por los sucesivos sistemas”.

Otra de las conclusiones es, según Montero, que la cuantía y la distribución de los fondos de convergencia, creados en 2009 como novedad con el objetivo favorecer el equilibrio territorial, “no han servido para atenuar las diferencias de financiación entre comunidades”.

Es más, Andalucía debería haber sido beneficiaria del Fondo de Competitividad, ya que tenía una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media y, sin embargo, “no ha sido perceptora del Fondo en ninguno de los ejercicios analizados”.

Montero ha apuntado que el modelo ha revelado “las profundas desigualdades de autonomía financiera y capacidad fiscal”. Ha indicado que la capacidad real de las comunidades para incrementar sus recursos tributarios haciendo uso de la capacidad normativa es muy diferente.

LA REFORMA FISCAL, UNA PRIORIDAD

De otro lado, la consejera ha pedido al Gobierno que también tenga el liderazgo en el debate sobre la reforma fiscal, que resuelva el gravísimo problema de ingresos de nuestro país, que está diez puntos porcentuales por debajo de la media de recaudación tributaria de los países europeos. Ha apuntando además que todas las comunidades están muy preocupadas por su situación de ingresos y están permanentemente revisando su capacidad normativa para ver si tienen posibilidades de hacer algo.

Ha querido dejar claro que Andalucía no va a subir los impuestos y quiere participar activamente en el debate de reforma fiscal que hay en España, porque la capacidad tributaria propia que tienen las comunidades para hacer aumentar sus recursos es “insignificante” al lado del volumen de recursos que aportan el resto de impuestos.

Al hilo del impuesto planteado por Cataluña para pisos vacíos, ha insistido en que cualquier cuestión que tenga que ver con los impuestos debería de ser discutida en el debate de reforma fiscal general.

“No hay que entretenerse en cuestiones que puedan ser más o menos estéticas, que afectan a grupos de personas pequeños”, ha indicado la consejera andaluza, quien ha hecho un llamamiento al Gobierno para que afronte el debate sobre la reforma fiscal de forma “valiente” y que haga una propuesta, apuntando que los servicios públicos fundamentales se juegan tanto en el modelo de financiación autonómica como en el modelo de reforma fiscal.

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