Viernes, 20 Octubre, 2017

            

IU pide al PP que se sume a la línea de Ayudas al Alquiler para Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda

Según Maite Molina “En Granada hay más de 60 viviendas vacías de titularidad municipal que se deben destinar a garantizar el derecho a la vivienda de personas en situación de emergencia social”.



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IU ha pedido hoy al equipo de gobierno popular de Granada, que se sume a la línea de ayudas al alquiler para personas inquilinas en situación de especial vulnerabilidad, que ha publicado la Consejería de Fomento y Vivienda, según la edil Maite Molina “la orden con las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas correspondiente a 2014, podrán solicitarse hasta el 1 de octubre a través de las entidades colaboradoras que se habiliten para ello, pudiendo funcionar como tales todas aquellas administraciones públicas, y sus entes instrumentales, con competencias en materia de vivienda, caso en el que lógicamente se encuentra el Ayuntamiento de Granada y al que debe sumarse para impedir más desahucios y se garantice el derecho a la vivienda de los granadinos y granadinos en situación de especial riesgo de quedarse sin hogar”

Molina señala que “la tramitación y las viviendas son de ayuntamientos y entes públicos, por lo que desde IU pedimos, que el Ayuntamiento de Granada se sume inmediatamente a esta nueva medida, para impedir que nadie se quede en la calle por falta de vivienda, y beneficie a los ciudadanos de Granada en grave situación de exclusión del derecho a la vivienda”

Para Maite Molina “el PP debe sumarse a esta orden y atender a familias en situación de especial vulnerabilidad con ingresos inferiores a 1,5 veces el IPREM -11.182 euros netos-, para el alquiler de viviendas gestionadas por entidades públicas y contribuir así a a combatir el stock de VPO que aún se encuentran vacías en la capital granadina, que recordamos que en Granada se mantienen 40 viviendas vacías, en el Edificio Apache, entre la Chana y Bobadilla, de una docena de viviendas en el residencial los olivos en el Fargue, un edificio de viviendas vacías en la Calle Lepanto en el Centro de la ciudad y otras viviendas vacías en el Barrio de Santa Adela en el Zaidín, con lo que son más de 60 viviendas vacías que deben destinarse a cubrir todas estas situaciones de emergencia social”

La edil de izquierdas indica asimismo que “esta es una oportunidad para el Ayuntamiento, de poner en uso todas esas viviendas, y se conseguiría paliar, al menos en 60 casos, verdaderos dramas que están sucediendo ahora en nuestra ciudad, pero además, para el Ayuntamiento, todo son ventajas, ya que es la Junta de Andalucía paga la diferencia entre la renta estipuladam y lo que el inquilino en situación de especial vulnerabilidad puede pagar, por lo que no tiene excusa alguna para no acogerse a esta línea de ayudas al alquiler”

Molina indica asimismo que “esto permitiría en Granada, eliminar la posibilidad de desahucios en parques públicos de Andalucía por motivos de impago de alquiler, ya que las subvenciones van destinadas a sufragar las rentas de viviendas en manos de entes públicas, y los requisitos fijados incluyen, en primer lugar, disponer de un informe, emitido por los servicios sociales que correspondan, donde se refleje la situación de especial vulnerabilidad en relación con su composición familiar, la necesidad de vivienda, los ingresos percibidos, así como otras especiales circunstancias que deban tenerse en cuenta, por lo que es sumamente importante que el Ayuntamiento de Granada se ponga las pilas y beneficie a los granadinos en esta grave situación”

Maite Molina informa que “los ingresos de los solicitantes no podrán ser superiores a 1,5 veces el IPREM, de tal forma que la aportación a realizar por la persona arrendataria para el abono de la renta de referencia no podrá superar el 25% de la suma de los ingresos percibidos por la totalidad de la unidad familiar y la ayuda que se solicita deberá contribuir al pago de las mensualidades del año natural al que se refiere la convocatoria, incluso de contratos ya existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden”

La edil de IU continúa señalando que “los requisitos fijan que los miembros de la unidad familiar no deben disponer de la titularidad sobre ninguna otra vivienda y que no deben tener relación de parentesco de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con la persona arrendadora de la vivienda, con lo que la orden acota muy bien los destinatarios, y ahora toca que el PP de Granada haga su parte y se sume a esta iniciativa de la Junta de Andalucía, habilitando su parque de viviendas, actualmente en régimen de venta, para alquiler social para Personas en Situación de Especial Vulnerabilidad”

Por último Molina ha advertido que “son las entidades colaboradoras las que informan sobre el cumplimiento de los requisitos de las personas solicitantes, y presentan en su nombre la petición de ayudas, previa puntuación de sus condiciones y las de su unidad familiar, a través de los medios y formularios facilitados por la Consejería de Fomento y Vivienda, y una vez obtenida la resolución de ayuda, las entidades colaboradoras descuentan el importe de la renta mensual y, en su caso, el resto de la cantidad correspondiente para que el importe que efectivamente la persona destinataria de la ayuda no supere el 25% de sus ingresos, asimismo, las entidades colaboradoras deberán presentar justificación de la aplicación de la ayuda recibida, y no hace falta recordar que en Granada está entre las 15 ciudades españolas con mas porcentaje de viviendas vacías, con un 19%”.

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