La Justicia mantiene a Rafael Amargo en la cárcel al no excluir su popularidad el riesgo de fuga

El bailaor será juzgado en abril por presunta venta de estupefacientes, hechos por los que la fiscal solicita una pena de nueve años de cárcel

Granada.- La Justicia mantiene a Rafael Amargo en la cárcel al no excluir su popularidad el riesgo de fuga
Rafael Amargo | Foto: EP
Europa Press
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La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener a Rafael Amargo en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio que le sentará en el banquillo de los acusados por tráfico de drogas ante el riesgo de fuga del bailaor granadino, al afirmar que "el hecho de que se trate de una persona conocida públicamente no puede constituirse en un elemento que evite el riesgo concurrente".

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que los magistrados desestiman el recurso interpuesto por la nueva abogada de Amargo, la letrada Ana Isabel Peña, contra el auto dictada el pasado 3 de noviembre por el que se acordaba la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza.

Los magistrados ordenaron entonces que el artista ingresara en la cárcel a instancias de la fiscal del caso por quebrantamiento de medidas cautelares, al no acudir a firmar como parte de la obligación de las comparecencias quincenales ante el juzgado que pesaban sobre él para evitar precisamente entrar en prisión.

En la vistilla que se celebró en noviembre, Rafael explicó a las pares personadas y al tribunal que su actitud y propósito era comparecer, pero que no lo hizo porque las comparecencias le producían una situación de "estrés y malestar", añadiendo que de "la repercusión mediática" que se ocasionaba beneficiaba "económicamente otras personas menos a él".

En el nuevo auto, los magistrados exponen que, en contra de lo que mantiene la defensa, "el riesgo de fuga existe por cuanto la imputación que se formula contra el recurrente es muy grave, con penas elevadísimas".

"Precisamente hasta la fecha se ha denegado la salida del país del recurrente por motivos profesionales por no garantizarse suficientemente que pudiera sustraerse a la acción de la justicia. El hecho de que se trate de una persona conocida públicamente, con repercusión mediática, no puede constituirse en un elemento que evite el riesgo concurrente", aseveran los magistrados.

Recuerdan que las medidas menos gravosas que se acordaron en el marco de la causa se incumplieron "sistemáticamente", por lo que "el riesgo de fuga se acrecenta, y por tanto conlleva que no pueda adoptarse otra medida menos gravosa distinta de la prisión provisional que lo evite".

"La fecha de juicio es cercana (abril de 2024) y en esas circunstancias y con los incumplimientos reseñados, no puede garantizarse la presencia del acusado en el plenario", zanja la Sala. Amargo será juzgado en abril junto a su productor teatral y un socio por la presunta venta de estupefacientes en el barrio de Malasaña, hechos por los que la fiscal solicita una pena de 9 años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública.

Otra causa por presunto tráfico de droga

Al artista le investiga además el juez de Instrucción número 27 de Madrid por un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad, a raíz de una denuncia interpuesta el pasado julio por sus vecinos en relación a la presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital.

Por estos hechos, fue detenido el pasado marzo en Alicante, quedando en libertad provisional. La jueza le impuso la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado y la prohibición de salida del país. Este arresto se suma a la detención del caso que se juzga ahora en la Audiencia de Madrid.

Amargo fue detenido el 1 de diciembre de 2020 junto a su pareja y otras dos personas en el marco de la 'operación Codax', cuyo nombre significa cuervo en latín y se apoda así por una imagen de Amargo de su Instagram en la que aparece con unas alas de esta especie de ave.

Tras declarar, los arrestados quedaron en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de acudir cada quince días al juzgado, lo que se incumplió por parte de los investigados.







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