Exalcaldes de Otura volverán a sentarse en el banquillo por posible prevaricación el 3 de junio

Los exalcaldes de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz y Pedro Cabanillas (PP) volverán a sentarse en el banquillo de los acusados el 3 de junio por un posible delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria en la concesión de unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada ni recepcionada, en contra del criterio de los técnicos.

Será en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que precisamente ya los condenó en enero a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público junto a otros dos exediles por la compra de un solar para la ampliación del Ayuntamiento, condena que obligó a Cabanillas a presentar su dimisión como alcalde, puesto que ahora ocupa la también 'popular' Lola Plata.

Según consta en este nuevo auto del magistrado Manuel Piñar, de fecha 26 de febrero y al que ha tenido acceso Europa Press, junto con los exalcaldes están imputados otras tres personas más: la actual concejal María Dolores Dobaño, y los exediles María Antonia López Bascuñana e Ignacio Pérez Cabrera.

Por este asunto, la Fiscalía Provincial pide para Cabanillas dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que el Ministerio Público también solicita para los otros ediles, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. El fiscal eleva además las penas para al exalcalde del municipio y actual edil del grupo no adscritos Ignacio Fernández-Sanz al que acusa además de un tercer delito de prevaricación ordinaria continuada, por lo que se enfrenta a 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, "conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario" a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue "sin la previa finalización de las obras", según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este extremo, según el fiscal, "les había sido advertido por parte de la técnico municipal" en un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde, que además, "prescindieron del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad", pese a que la "omisión" también fue advertida por el secretario.

Del mismo modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local "también de forma unánime" votó favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización y "con idénticas infracciones legales", puesto que no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico.

La concesionaria de la obra pública de urbanización pidió al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable que alertaba de "importantes defectos y omisiones", entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente con el voto unánime de todos sus miembros, acordó la recepción de las obras "sin ninguna referencia a su carácter parcial", condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.