El Ayuntamiento consulta al juzgado si ha de tomar más medidas sobre el jefe de la Escuela de Policía Local

El Ayuntamiento de Granada ha consultado con el juzgado si ha de tomar "alguna acción necesaria" sobre el jefe de estudios de la Policía Local de Granada investigado por supuesta violencia machista tras ser detenido de nuevo y puesto en libertad provisional esta semana.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, después de que este subinspector de la Policía Local, que se enfrenta a casi siete años de cárcel por la presunta comisión de varios delitos relacionados con la violencia machista, fuera puesto en libertad provisional este pasado miércoles tras ser detenido de nuevo por presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a la que fuera su mujer.

Carazo se ha remitido a las explicaciones que, tras el nombramiento de este agente como jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local a finales del pasado abril, diera el Ayuntamiento, cuando explicó en un comunicado que había solicitado "un cambio de destino por motivos personales" y que dicho traslado "se ha realizado al único puesto disponible de su categoría de subinspector".

Este jueves la alcaldesa ha apuntado que la investigación "avanza" y que en ese contexto el Ayuntamiento tiene que seguir ofreciendo su "colaboración" a la justicia como le "corresponde". "Hemos cumplido todo aquello que nos ha solicitado" la autoridad judicial y en la mañana de este jueves, "a la vista de lo que ha ocurrido también esta semana, hemos vuelto a escribir al juzgado solicitándole información en su caso" de "si tuviéramos que tomar alguna acción que fuera necesaria, dado el momento de la investigación", ha indicado Carazo. "El resto forma parte del trabajo interno diario de la propia Policía", ha concluido.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada, en funciones de guardia, acordaba este pasado miércoles la puesta en libertad provisional del agente. Su detención ha derivado en la apertura de un proceso judicial por diligencias previas después de que no aceptara el acuerdo de conformidad propuesto por la Fiscalía y por la necesidad de seguir investigando las circunstancias y motivos por los que se produjo el presunto quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Mientras esto se sustancia, el juzgado le ha impuesto la prohibición de "acudir o residir" en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la presunta víctima, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia o de que se adopten nuevas medidas cautelares contra el agente que impliquen mayor limitación de su libertad, según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

La medida cautelar ha sido aceptada por todas las partes, tanto el Ministerio Fiscal, como la acusación particular y la defensa. Según la mujer, el presunto quebrantamiento del agente se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, que ella no atendió en ningún momento, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja.

Desconexiones del brazalete

Mientras esto se estudia, el Juzgado de Guardia impuso al agente la prohibición de acercarse o estar en el municipio de Armilla, lugar de residencia de la denunciante, medida cautelar que fue aceptada por todas las partes, tanto el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa. Según la denunciante, el presunto quebrantamiento del agente se habría producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas, -que la presunta víctima no atendió en ningún momento-, y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que de forma permanente está obligado a llevar el funcionario policial para impedir su acercamiento a su pareja. En este punto, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato.

El pasado 4 de marzo, el Juzgado de Violencia de Género 2 de Granada abrió juicio oral contra este agente por la presunta comisión de delitos de violencia física y psíquica habitual, de menoscabo psíquico y de descubrimiento y revelación de secretos perpetrados supuestamente contra su expareja, de la que tiene orden de alejamiento, y una de las dos hijas que tienen en común. Es esa orden la que habría quebrantado ahora.

El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada será el encargado del juicio, en el que se enfrenta a una petición fiscal de seis años y diez meses de prisión. La acusación particular, que ejerce el letrado Mariano Vargas, eleva la petición de cárcel por estos ilícitos a más de 15 años, según consta en este auto. La defensa del acusado, que lleva el abogado Domingo Domingo, interesa por su parte su libre absolución.

Polémica en el Ayuntamiento

Tanto el PSOE como UGT han pedido a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, tras el edicto en que a finales de abril se nombraba a este subinspector jefe de estudios de la Escuela de la Policía Local, que diera marcha atrás con el nombramiento, que el Ayuntamiento circunscribió en un comunicado a un traslado afín al rango del agente, después de que este lo solicitara por "motivos personales", y a tareas administrativas siguiendo, según adujo el consistorio, instrucciones judiciales.

Por su parte, el letrado de la defensa, que ejerce el abogado Domingo Domingo, ha destacado "todos los archivos de las denuncias de la mujer, que han sido muchas, y que el Juzgado y la Audiencia han remitido testimonio contra ella por denuncia falsa en algunas" de ellas.