Andalucía y la lentitud judicial: 11,6 jueces por cada 100.000 andaluces

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha hecho sonar las alarmas. En la presentación de su Memoria Anual correspondiente al año 2024, su presidente, Lorenzo del Río, ha lanzado un mensaje claro y contundente: la Justicia en Andalucía “no funciona al ritmo que exige la sociedad”. La afirmación llega tras constatar un aumento del 5% en los litigios y una preocupante sobrecarga en las jurisdicciones civil y social, que se mantienen como las más tensionadas del sistema.

Del Río no ha esquivado el diagnóstico: “La sociedad tiene razón cuando nos ve lentos y poco eficientes”. Según datos del TSJA, los juzgados andaluces rozaron en 2024 el millón y medio de casos, mientras que los asuntos pendientes crecieron un 13%, consolidando una tendencia que se repite año tras año.

Jurisdicciones desbordadas y sin relevo

Mientras los casos siguen creciendo, los refuerzos no llegan. En 2024 no se creó ninguna plaza nueva para Andalucía, pese a que el Pleno del TSJA aprobó la solicitud de 245, la mayoría para juzgados unipersonales. El propio presidente votó en contra del reparto propuesto por considerar que no tenía en cuenta “ni criterios de equilibrio territorial ni factores clave de necesidad”.

La ratio de jueces por habitante se mantiene en niveles muy bajos: 11,6 jueces por cada 100.000 andaluces, una cifra que lastra la capacidad de respuesta judicial. Granada, Málaga y Sevilla figuran entre las provincias más beneficiadas por la propuesta, aunque aún sin respuesta oficial del Ministerio de Justicia.

Uno de los focos críticos sigue siendo la lucha contra la violencia de género. Aunque las denuncias descendieron un 1% en 2024 y las víctimas registradas bajaron un 6%, los juzgados especializados verán incrementada su carga entre un 10% y un 20% con la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia.

El TSJA propone extender la jurisdicción de varios juzgados de Violencia sobre la Mujer, como en el caso de Granada con Loja, y la creación de nuevas secciones en Baza y Motril. Del Río pide “no escatimar recursos” y llama a ampliar la red de municipios adheridos al sistema VioGén, que hoy solo alcanza al 35,2% de los ayuntamientos andaluces.

Tecnología rezagada y expedientes en papel: la modernización, una tarea pendiente

El presidente del TSJA también ha mostrado su preocupación por el lento avance digital. El sistema de gestión @driano presenta “deficiencias graves”, el expediente judicial electrónico aún no está plenamente implantado y la jurisdicción penal continúa funcionando “íntegramente en papel”. Además, la Fiscalía sigue sin estar integrada en el sistema de notificaciones.

Sin embargo, la Memoria señala tímidos avances, como la puesta en marcha de proyectos de expediente electrónico y la deslocalización de puestos de trabajo como pasos hacia una justicia más ágil.

La Ley de Segunda Oportunidad, bajo la lupa

Los Juzgados de lo Mercantil registraron un aumento del 46% en 2024, especialmente por el uso de la Ley de Segunda Oportunidad por parte de personas físicas. Del Río ha advertido sobre un “uso inadecuado” de esta norma, concebida para deudores de buena fe, pero utilizada —según denuncian— por algunos despachos para esquivar responsabilidades económicas. El TSJA aboga por una revisión de esta ley para evitar abusos y mantener su espíritu original de rescate financiero legítimo.

El documento cierra con un mensaje de advertencia: si no se abordan con urgencia las reformas estructurales y no se dota a la Justicia andaluza de recursos humanos y tecnológicos, el sistema seguirá acumulando retrasos, generando frustración social y alejándose de su mandato constitucional de ofrecer justicia en plazos razonables.