Granada intensifica la ofensiva contra los pisos turísticos mientras crece la indignación vecinal

El debate sobre las viviendas de uso turístico (VUT) en Granada ha pasado de ser un tema técnico a convertirse en un conflicto de ciudad. Lo que comenzó como una alternativa atractiva al alojamiento tradicional se ha transformado en uno de los principales focos de tensión social en barrios como el Albaicín, el Realejo o el Centro Histórico. La proliferación de estas viviendas, sumada a la falta de regulación efectiva durante años, ha provocado un aumento de los precios del alquiler, la expulsión de vecinos de toda la vida y una transformación profunda del tejido urbano y social de Granada.

Ahora, el Ayuntamiento da un paso más y anuncia nuevas medidas para frenar la expansión de estos alojamientos turísticos, mientras en las redes sociales y los balcones de muchos edificios históricos se multiplican las protestas vecinales. La ciudad vive así una doble batalla: institucional, desde los despachos municipales; y ciudadana, desde la calle y las redes.

Más inspecciones, revisión del censo y futuras limitaciones: el Ayuntamiento se activa

El equipo de Gobierno local, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha confirmado que está llevando a cabo una revisión exhaustiva del censo municipal de viviendas de uso turístico. El objetivo de esta medida es doble: por un lado, detectar posibles irregularidades en los inmuebles ya registrados; y por otro, comprobar si las VUT activas cumplen realmente con los requisitos legales, urbanísticos y de habitabilidad que exige la normativa.

Este proceso se realiza en coordinación con la Junta de Andalucía, que es quien concede las licencias y mantiene el registro oficial de este tipo de alojamientos. Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que su papel es clave a la hora de controlar que no se vulneren normativas locales, como las que regulan el uso del suelo o la densidad de viviendas turísticas por zona.

El concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, ha subrayado que se incrementarán las inspecciones para garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en aquellas zonas más tensionadas. También ha abierto la puerta a estudiar restricciones más severas en el futuro, como limitar el número de licencias en determinados barrios o establecer zonas en las que directamente no se puedan implantar nuevos pisos turísticos.

Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Granada intenta actuar frente al auge de las VUT. Ya en 2019 se propuso limitar su expansión en zonas saturadas, aunque la falta de competencias plenas, la complejidad jurídica y la ausencia de una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) han sido escollos constantes. En el anterior mandato, incluso se llegó a trabajar en una ordenanza específica, pero nunca llegó a aprobarse. El gobierno municipal actual parece decidido a retomar ese camino, ahora con un mayor respaldo vecinal y una presión ciudadana más evidente.

“Vecinas, no turistas”: las protestas se extienden por redes y balcones

Mientras la administración afina sus herramientas legales, el hartazgo vecinal sigue creciendo. En redes sociales, numerosos perfiles de ciudadanos y colectivos han hecho de la denuncia contra las VUT un frente permanente. Pero más allá del ámbito digital, las señales de protesta se hacen visibles también en las calles: muchos balcones del Albaicín, el Realejo o el centro lucen ya pancartas con lemas como “Vecinas, no turistas”, “Este barrio no se vende” o “Stop VUT”.

La preocupación de los vecinos es clara: denuncian que la proliferación de viviendas turísticas está provocando una expulsión silenciosa del vecindario de toda la vida. El encarecimiento del alquiler, la reducción del parque de vivienda residencial y la constante rotación de visitantes han cambiado la fisonomía de los barrios históricos. Lo que antes eran comunidades estables, con relaciones de vecindad y vida cotidiana, hoy son bloques dominados por llaves electrónicas, maletas con ruedas y ruido constante.

Los colectivos vecinales critican además la lentitud de la administración y reclaman una regulación valiente que priorice el derecho a la vivienda frente al interés económico del turismo. Algunos incluso apuntan a la necesidad de una moratoria inmediata en la concesión de nuevas licencias, como ya se ha hecho en ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca.

En este contexto, Granada se encuentra ante una encrucijada: definir un modelo de ciudad que no solo sea atractiva para quienes la visitan, sino también habitable y sostenible para quienes la viven cada día. Y esa decisión no solo se tomará en el salón de plenos del Ayuntamiento, sino también en la presión de la calle, los datos del padrón y el murmullo —cada vez más fuerte— de quienes se niegan a que su barrio se convierta en un hotel.