La detención de Pablo Hasél deriva en la creación de la Plataforma Antirrepresiva en Granada

La organización exige archivar las causas de los detenidos durante las protestas e insta a investigar sobre los casos de brutalidad policial

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Presentación de la Plataforma Antirrepresiva y por la libertad de expresión de Granada | Foto: Archivo
Gabinete
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La Plataforma Antirrepresiva y por la libertad de expresión de Granada, apoyada por 24 organizaciones sociales de la ciudad, surge de la necesidad de exigir la retirada de cargos de los 5 encausados por las protestas del 17 y el 20 de febrero en Granada. Además, denuncia que la desproporción en la represión de estas movilizaciones socava el derecho de protesta y criminaliza a la ciudadanía crítica y a los movimientos sociales. En el último mes, se han conocido graves vulneraciones de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos: el caso de Linares y el encarcelamiento de Pablo Hasel son sólo dos ejemplos.

Estos hechos han tenido una oleada de indignación y de protestas que han sido duramente represaliadas a través de multitud de abusos policiales, testimoniados por numerosas grabaciones, y a través de sentencias de prisión preventiva completamente innecesarias.

Esta represión busca criminalizar la protesta, y constituye una infracción de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determina que los Estados deben evitar efecto desaliento: es decir, las que las infracciones o delitos cometidos durante el ejercicio de derechos fundamentales deben ser castigados lo mínimo posible para evitar que estas personas ejerzan sus derechos por miedo a la represión. Pero en el Estado español parece regir el principio contrario: tolerancia cero.

Concretamente, en Granada, han sido 6 personas detenidas: una no llegó a pasar a disposición judicial, tres fueron puestas en libertad con cargos y dos fueron condenadas a prisión provisional sin fianza. Esta decisión ha sido completamente arbitraria y desproporcionada, un castigo ejemplarizante para sofocar la oleada de protestas y criminalizarlas, y así crear ese efecto desaliento en la ciudadanía, y otorgar, además, una falsa imagen de peligrosidad a las personas involucradas. Afortunadamente, y después de pasar más de dos semanas en el C.P. de Albolote de forma innecesaria, los dos represaliados están ya en la calle.

5 personas siguen encausadas y a espera de juicio, siendo investigadas en un proceso de instrucción del que no se conoce, todavía, desenlace. Por ello, desde esta Plataforma Antirrepresiva y por la Libertad de Expresión de Granada, se exige el archivo de las causas, se insta a que la fiscalía inicie una investigación de los numerosos casos de brutalidad policial, y se anuncia que seguirá trabajando para parar la absoluta criminalización de la protesta social y la escalada represiva y por la derogación de la ley Mordaza.