La petición por carta del Defensor de Granada a Pedro Sánchez

La problemática sobre los cortes de luz en el distrito Norte podría llegar a oídos de Pedro Sánchez. Eso es lo que pretende el Defensor de la Ciudadanía de Granada, que ha escrito una carta al Presidente del Gobierno en la que le informa sobre la situación que está afectando a la zona Norte de la capital. Manuel Martín pide un cambio legislativo para que se resuelva este caso. Concretamente, solicita que se incrementen las indemnizaciones y que se estipule exactamente "a partir de cuantas horas y de cuantos interrupciones se entiende que el suministro no se está dando con la calidad adecuada y por tanto se está impidiendo el acceso a la red de distribución".

En un escrito de cinco páginas, el Defensor expone que los vecinos de esta zona se enfrentan a cortes de electricidad que pueden durar horas o días desde hace más de una década. Continúa presentando el caso añadiendo que sigue el caso desde sus inicios y que ha realizado numerosas iniciativas pero que "el problema sigue vigente a día de hoy", sentencia desde la primera página. Algunas de las acciones que ha listado son escribir al Parlamento Europeo, informar a la ONU, movilizaciones o encierros, entre otras. Además, expone que se trata de una situación muy grave para el vecindario ya que afecta a todas las facetas de la vida.

Martín ha resaltado una situación reciente en la que el pasado mes de febrero el Consejo de Europa confirmaba que "España contraviene la carta social europea" por dejar sin luz a la Cañada Real de Madrid. Si bien destaca esta situación, no las compara ya que este barrio madrileño no ha tenido acceso a la red eléctrica durante 1.600 días mientras que el distrito Norte granadino sufre interrupciones en determinados días y horas. Sin embargo, esto no ha frenado al defensor para resaltar la situación de los granadinos: "vecinos que pagan sus facturas se ven privados de este servicio; en definitiva: viven sin luz, pagando luz con la consiguiente vulneración de derechos que ello supone", se lee en el comunicado.

Junto a estas afirmaciones ha puesto en valor el artículo 105.3 b)1ª del RD 1995/2000 en el que se estipula el cálculo de indemnización en caso de que haya una interrupción del suministro eléctrico. El Artículo explica un cálculo que debe hacerse teniendo en cuenta diferentes factores que Martín ha realizado en el plan más local. El Defensor ha calculado que, según la formula a la que se hace mención previamente, a partir de 139 horas de corte, la distribuidora eléctrica alcanzaría una 'tarifa plana' en cuanto a indemnizaciones, que lo traduce en que la distribuidora "no gasta un céntimo en indemnizaciones". También ha señalado que, "para no dejarse a nadie, la mejor es empezar desde más abajo", considera que este problema comienza desde las 65 horas de corte, justifica en su escrito.

Continúa diciendo que el legislador "no ha previsto indemnizaciones mayores" y añade que éstas resultan "tan ridículas y poco proporcionadas al daño económico y moral que estas interrupciones eléctricas puedan haber causado", sentencia el defensor. Ha resaltado otros casos en los que no se han indemnizado y en los que se ha apelado a que esos cortes se han realizado para evitar "sobrecargas causadas por manipulaciones de terceros". Por último, Martín termina sometiendo "a valoración y estudio de las autoridades españolas el ruego de un cambio legislativo que resulte algo más justo y proporcionado para las familias que llevan décadas afectadas por interrupciones" y apela a reconsiderar el "incremento necesario en las indemnizaciones" detalladas en el artículo citado previamente.

La carta completa

Estimado Presidente:

Me dirijo a usted para abordar una problemática que a buen seguro conoce y -también estoy convencido-, desearía se resolviera por el bien de las muchas familias, personas y negocios afectados.

Me refiero a la grave situación que algunos vecinos y vecinas del distrito Norte de Granada padecen –desde hace más de quince años- por las continuas interrupciones de suministro eléctrico que se producen en esta zona de la ciudad. Pero, más allá de informarle de la realidad y pedirle soluciones, el objetivo de esta misiva es más concreto y propositivo como verá.

Como defensor de la ciudadanía conozco esta realidad desde sus inicios; he dedicado gran esfuerzo a la búsqueda de soluciones; a la unión de fuerzas para encontrar alternativas que acaben de una vez por todas con años de apagones. La situación resulta muy grave para un gran número de familias del distrito en tanto que el suministro eléctrico afecta a todas las facetas de la vida: del alumbrado público a la educación, la salud, los negocios o el uso de electrodomésticos en las viviendas, ascensores, calefacción y tantos otros.

Y así, vecinos que pagan sus facturas se ven privados de este servicio; en definitiva: viven sin luz, pagando luz, con la consiguiente vulneración de derechos que ello supone.

Como sabe, en Granada se han impulsado gran número de iniciativas, se han mantenido reuniones con las partes implicadas e instituciones competentes y existe una Mesa por los cortes de luz, pero el problema no sólo no cesa, sino que se arrastra en el tiempo y se extiende a otras zonas de la provincia como una mancha de aceite. También este defensor se ha dirigido al Parlamento Europeo para pedir amparo, ha puesto el caso en conocimiento de la ONU; ha remitido cartas al presidente del Gobierno; ha participado en movilizaciones; protagonizado un encierro; se han recogido firmas y varias acciones más. Pero, a pesar de las distintas iniciativas, el problema de los cortes de luz en el distrito granadino continúa vigente a día de hoy.

El pasado mes de febrero el Consejo de Europa confirmaba que España contraviene la carta social europea por dejar sin luz a la Cañada Real de Madrid1 y se refería a un total de siete derechos reconocidos que podían estar siendo vulnerados. El comité europeo de derechos sociales señalaba a nuestro país por no haber adoptado medidas adecuadas para garantizar que las personas afectadas por cortes eléctricos de los sectores 5 y 6 de La Cañada tuvieran acceso a este bien y con él, a una vivienda adecuada.

He de partir de la premisa de que la realidad de las interrupciones de suministro del barrio madrileño mencionado difiere en mucho de la realidad del distrito Norte granadino y así, no es lo mismo mantener sin acceso a la red eléctrica durante 1.600 días (Cañada Real) que sufrir interrupciones en determinados días y horas (Norte y otros municipios de la provincia)

Por su parte, para el barrio madrileño, Europa ha considerado que España no ha adoptado las medidas adecuadas para garantizar el suministro, y en el caso granadino, el suministro tampoco está garantizado en tanto que la calidad y continuidad de este suministro infringen del mismo modo normas europeas. Y este es el punto de partida en el que me detendré dado que la normativa europea está muy centrada en que no se puede impedir a la ciudadanía el acceso a la red.

Si. La normativa europea está muy centrada en que no se puede impedir a los usuarios el acceso a la red. Y para reparar o resolver posibles incumplimientos de este precepto, en la trasposición a la normativa española se establece un descuento; un descuento en la facturación que tiene un tope o límite máximo según el Art. 105.3.b)1ª del RD 1955/2000:

“Si el incumplimiento es por el número de horas de interrupción, con carácter anual aplicará un descuento en la facturación del consumidor en una cantidad equivalente al consumo de su potencia media anual facturada, por la diferencia entre el número de horas de interrupción del consumidor y el número de horas de interrupción reglamentariamente fijado, valorado en cinco veces el precio del kWh correspondiente a su tarifa de acceso contratada, con un tope máximo del 10 por 100 de su facturación anual”.

A consecuencia de la compleja redacción dada al precepto citado, hay que calcular caso por caso.

Seguidamente partimos de los siguientes datos para un suministro medio de un hogar del distrito Norte:
-Una potencia de 3,400 kW2
-Un número de horas de interrupción reglamentariamente fijado en zona urbana3 de 5 h
-Un precio de la tarifa de acceso (para el segmento tarifario 1) de 0,121470 €/kWh4
- Una facturación media mensual de 57,36 euros5
Con los datos citados aplicamos el artículo 105.3.b anteriormente mencionado.

Así podríamos deducir que a partir de unas horas de corte dadas (dadas por la fórmula anterior 5+57,36/(3,400x0,121470) =139 h), la distribuidora eléctrica tiene `tarifa plana´ para cortar a lo largo del año natural. Es decir, a partir de 139 horas, la distribuidora no gasta un céntimo en indemnizaciones y, así sería incluso estando todo un año sin luz: ni un céntimo.

Durante mucho tiempo este defensor viene afirmando que esto se producía a las 65 h. Y ello debido a que, para no dejarse a nadie, lo mejor es empezar desde más abajo. Es decir, a un suministro al corriente de pago de distrito Norte cuanto se le producen más de 65 h de corte en un año natural se le puede estar impidiendo el acceso a la red, porque repugna al derecho6 que la distribuidora tenga tarifa plana para cortar.

El legislador no ha previsto indemnizaciones mayores. Por tanto, hay que entender que no se está ofreciendo la calidad mínima determinada por nuestra legislación ni por la Directiva Electricidad y por tanto se está impidiendo el acceso a la red de distribución.

Esta es la razón por la que las indemnizaciones a los afectados por muchas, demasiadas horas de corte (más de 65 horas en algunos casos) resultan tan ridículas y poco proporcionadas al daño económico y moral que estas interrupciones eléctricas puedan haber causado. Ni un céntimo de indemnización, ya se hayan cortado cien horas en un año, ya se hayan cortado trescientas horas. Esta `tarifa plana´ a favor de las empresas distribuidoras y en contra de los usuarios carece de sentido.

Y aún resultan más duros los casos en los que directamente no se indemniza a los afectados apelando a que los cortes se han realizado para evitar sobrecargas causadas por "manipulaciones de terceros".

Con el único afán de evitar que se pueda impedir el acceso a la red a las familias de este distrito granadino; con el único afán de evitar que se aplique al Norte granadino el veredicto europeo aplicado al caso de La Cañada Real y, sobre todo, para mejorar el cabal cumplimiento de la directiva europea en materia de electricidad, someto a la valoración y estudio de las autoridades españolas el ruego de un cambio legislativo que resulte algo más justo y proporcionado para las familias que llevan décadas afectadas por interrupciones.

Un cambio consistente en reconsiderar el incremento necesario en las indemnizaciones detalladas en el Art. 105.3; unas indemnizaciones que debieran dejar de estar topadas, pues carece de sentido que a una persona que ha sufrido más de 65 horas de interrupciones en un año –y las graves consecuencias derivadas en su vida cotidiana-, la indemnicen por no más del 10% de la facturación anual.

Y junto al cambio legislativo solicitado, lo más importante: el ruego de que especifiquen en la normativa a partir de cuantas horas y de cuantas interrupciones se entiende que el suministro no se está dando con la calidad adecuada y por tanto se está impidiendo el acceso a la red de distribución.

Y lo hagan añadiendo en lo posible una columna a las tablas del Art. 104.2:

Este defensor entiende que, si el caso de la Cañada Real ha sido visto por Europa como una vulneración de derechos –al margen de que los afectados tuvieran o no sus contratos al día-, también el comité europeo de derechos sociales considerará una vulneración de derechos –a la vivienda, a la salud y contra la pobreza y la exclusión- cuando se trata de consumidores con suministros al corriente de pago, que es el caso del distrito Norte granadino. Del distrito Norte, de otros municipios de la provincia y de todo el país…

Siguiendo lo dictaminado por el comité europeo, también en los casos que nos ocupan, se podría estar violando la Carta Social Europea.
Esperando que valoren y estudien el cambio legislativo propuesto, le agradezco sinceramente su apoyo, el compromiso con las personas afectadas por los cortes de luz y la atención prestada.