Vecinos del Distrito Norte formalizan una demanda colectiva contra Endesa

“Esta lucha es de todos y todas, por una vida digna. Se ha tenido que recurrir a la justicia ordinaria para encontrar soluciones a la vulneración constante a los derechos fundamentales, ya que desde las instancias administrativas, políticas y empresariales no se ha logrado una respuesta concreta". Así se ha pronunciado una portavoz de los más de cien vecinos del Distrito Norte que este 6 de junio han formalizado una denuncia en los juzgados de La Caleta para protesar contra los continuos cortes de luz en la zona.

En un comunicado, los vecinos aseguran que sólo en abril se denunciaron 89 cortes de luz, mientras que los colegios de la zona contabilizan 400 apagones en lo que va del año. El Centro de Salud Cartuja estableció alerta sanitaria por las consecuencias de los cortes. El pequeño comercio se ve fuertemente perjudicado, así como también el trabajo de las entidades y de la comunidad en general, argumentan.

La demanda se basa en la presunta violación de derechos fundamentales de los vecinos, tales como: grave afección del derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación.

Esta demanda ha sido interpuesta por vecinos afectados junto a entidades de la zona como Asociación Anaquerando, Fundación Lestonnac-Montaigne y Parroquia de la Paz, con el apoyo de Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).

Cabe destacar que la demanda se ha presentado tanto contra Endesa como contra quienes pudieran aparecer, a lo largo del procedimiento, como responsables o corresponsables de la situación vivida en Distrito Norte. El abogado de la parte demandante, Miguel Ángel Mancheño Segarra, ha afirmado: “No sabemos si el problema se encuentra solo en el tejado de Endesa o también tienen responsabilidad otras administraciones. Lo podremos averiguar, conocer y confirmar mediante la tramitación de esta demanda que nos permitirá aclarar muchas cosas”.

Aunque este problema no es nuevo en el Distrito Norte, en el último año se ha intensificado "a niveles altamente preocupantes, afectando principalmente a la población en situación de mayor vulnerabilidad", aseguran los vecinos en la nota, que añade que "más de 100 personas necesitan oxigeno domiciliario y maquinas eléctricas que les permiten vivir y que los cortes de luz están impidiendo".

A eso se suman las dificultades y, en algunos casos, la imposibilidad de los niños y jóvenes de poder asistir a sus centros educacionales. "En invierno se sufrió el frio sin calefacción y ahora el calor sin ventilación”, ha comentado Natalia García Caballos, Secretaria General de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que ha añadido que en esa parte de Granada “no se están respetando los derechos fundamentales de las personas y no lo podemos seguir permitiendo”.

Los demandantes han llegado a esta instancia judicial porque según comenta el abogado Mancheño, tienen "confianza en que la justicia permitirá solucionar los trastornos ya mencionados que afectan a miles de ciudadanos que cumplen con sus obligaciones de suministro de luz y, por lo tanto, fuera de ser responsables son víctimas de esta vulneración a sus derechos”.

Entre las peticiones que se formulan en la demanda se encuentra, por un lado, que se aumente la potencia de suministro existente hasta garantizar que se pueda atender la carga necesaria para funcionar plenamente. Por otro lado, también se exige que se reponga de inmediato a todos los demandantes en el uso pleno y disfrute de sus derechos, a disponer de servicio eléctrico sin interrupciones. Por último, se solicita la indemnización a los demandantes por los daños y perjuicios producidos, incluyendo el daño moral.

No obstante, se han solicitado con carácter urgente, una serie de medidas cautelares al Juzgado sobre el que recaiga el procedimiento: instalación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) en todos los domicilios que estén habitados por personas cuya vida depende de la no interrupción del suministro. También la instalación inmediata y urgente en los centros escolares públicos y privados de la zona de grupos electrógenos que aseguren la continuidad ininterrumpida del servicio de electricidad en sus dependencias.

Una vez sea admitida a trámite la demanda, Endesa tiene un plazo de 20 días para dar respuesta.