‘Tufillo’ en el reparto de ayudas

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Sede del Parlamento de Andalucía, en Sevilla | Foto: GD
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En este comienzo del año 2020 ya se han cometido cinco asesinatos machistas en nuestro país. La última mujer asesinada a causa de la violencia de género fue tan solo ayer, en un pueblo de nuestra provincia, Caniles. Nos enfrentamos a uno de los problemas más graves de nuestra sociedad, por ello, la lucha y erradicación de este terrorismo machista es algo que nos compete a todos, tanto a la ciudadanía como a las diferentes instituciones y organismos nacionales, regionales y provinciales.

Tras la reciente constitución del Gobierno el movimiento feminista espera que la nueva ministra de Igualdad, junto con el resto de Ministerios, acometa rápidamente todas las iniciativas políticas para afrontar los retos y desafíos, nuevos y ya conocidos, que se quedaron pendientes en la anterior legislatura por la falta de presupuestos.

Las diferentes instituciones deben crear políticas con perspectiva de género que promuevan la igualdad en todas las facetas de la vida, así como hacerse cargo de la lucha y erradicación de la violencia de género y, de las diferentes brechas de género y exclusión social que sufren las mujeres. Sin embargo, durante años diferentes asociaciones y oenegés feministas que ante la falta de medios, infraestructuras y, sea dicho de paso, compromiso, han estado supliendo estas obligaciones y trabajando activamente en los territorios y zonas más delicadas.

Por ello, debemos denunciar la decisión de la Junta de Andalucía de PP y CS de dejar sin ayudas públicas a 241 asociaciones y organizaciones de mujeres dedicadas a combatir la violencia machista y la exclusión social y a promover programas de igualdad que llevaban años en marcha. De los 317 proyectos presentados solamente se han financiado 71, lo que da lugar a que algunas provincias de nuestra comunidad se queden sin fondos a programas de las tres líneas de actuación. Además, Andalucía se caracteriza por tener provincias con un alto número de zonas rurales que se van a quedar sin cobertura de asistencia y participación. Este cambio de criterio de la administración elimina la posibilidad de desarrollar futuros proyectos de actuación, así como proyectos que ya se estaban ejecutando.

Este ataque a los derechos de las mujeres y los derechos humanos, en general, compromete el desarrollo de políticas públicas de las que se estaban beneficiando miles de mujeres por toda Andalucía.

Detrás del argumento oficial que ha mencionado la Consejera de Igualdad, se desprende un tufillo a los argumentos de sus socios de la ultraderecha que deben cobrarse tanto la formación de gobierno como la futura aprobación de los presupuestos andaluces. Es harto conocido el odio y machismo que desprende esta formación ante cualquier avance en igualdad entre mujeres y hombres, llegando a usar cifras falsas del Poder Judicial para argumentar sus falacias. Pero, ¿qué diferencia existen entre los que proclaman las falacias y los que con sus políticas públicas las avalan? Nada. Volvemos a comprobar que PP, Cs y sus socios aúnan sus voces de nuevo contra los derechos de las mujeres.

Por suerte, el movimiento feminista está fuerte y unificado, y pronto escucharán nuestras voces en contra de una decisión arbitraria que deja en desamparo a muchas mujeres, pero sobre todo, a aquellas que se encuentran en una situación de más vulnerabilidad.



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