Los interinos de Granada volverán a concentrarse el domingo para reclamar la fijeza de sus puestos

La movilización tendrá lugar en el Puente Romano del Genil a las 11.00, desde donde denunciarán una supuesta situación de fraude de ley en sus contratos

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Una movilización anterior de los interinos de Granada | Foto: Archivo
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Los trabajadores temporales de las distintas administraciones públicas se concentrarán este domingo en 31 ciudades españolas. En Granada lo harán en el Puente Romano del río Genil a partir de las 11.00 horas, convocados por Sitag (Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Granada) y por Atradigra (la Asociación de Trabajadores de Diputación de Granada), así como por la Plataforma de Personal Temporal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada.

Las plataformas se remiten en un comunicado conjunto a las nuevas sentencias de fijeza del juzgado número 4 de Alicante, el Informe de Constitucionalidad de la Fijeza de los Trabajadores en abuso elaborado por la ex presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, o el Informe sobre la adecuación al marco jurídico vigente del proyecto de Estatuto de Personal del Parlamento de La Rioja y su aprobación, que "estabiliza a sus empleados temporales en abuso, así como la amenaza de Bruselas de seguir bloqueando los fondos destinados a España si no cumple con la reducción de la temporalidad abusiva", reza la nota de las asociaciones. "Al Gobierno de España no le queda ya más remedio que buscar una solución legislativa que resuelva esta situación. Solicitan que esta solución no puede ser otra que mediante regularización legislativa convertir sus contratos temporales en contratos fijos, al igual que sucede en el sector privado cuando los contratos temporales rebasan el límite temporal establecido", añaden.

Según el comunicado "en el Ayuntamiento de Granada los afectados, más de 200, reclaman a su vez que el Consistorio no se escude en la falta de legislación nacional cuando ya existe jurisprudencia europea que debe acatarse" y, por tanto, piden que "aplique y cumpla la directiva europea, convirtiendo directamente mediante regularización administrativa los contratos temporales fraudulentos en contratos fijos". Asimismo, denuncian la paralización del grupo de trabajo constituido para tal fin.

Por otro lado, destacan que en la Diputación de Granada "más de 400 familias dependen de una decisión política en relación con la situación de fraude de ley por abuso de la temporalidad en esta administración": "Todo el personal superó el proceso selectivo que la Delegación de Recursos Humanos consideró legal y adecuado para ocupar sus puestos de trabajo. Sin embargo, después de llevar 6, 10, 15 y hasta 20 años o más de servicio, se ven abocados a someterse a nuevas pruebas y con el riesgo cierto de un despido libre y gratuito, por no conseguir un acuerdo estas familias con la Delegación de Recursos Humanos. Los afectados se han visto obligados a iniciar procesos judiciales".

Del mismo modo, la Plataforma de Personal Temporal del CSIC de Granada también reclama la fijeza como sanción ante el abuso de la temporalidad del personal en fraude de ley, que en Granada cuenta con más de 100 personas entre puestos técnicos y científicos. "Este capital humano forma parte de equipos que lideran proyectos de investigación de índole internacional, la inmensa mayoría con más de 10 años de experiencia en un sector altamente especializado, lo que las hace difícilmente reemplazables", rematan las asociaciones en su misiva dirigida a los medios.

"Por parte de la Junta de Andalucía son miles los empleados que se encuentran en situación de abuso de la temporalidad. Todos los sectores fundamentales se encuentran afectados: servicios sociales y dependencia, sanidad, educación o administración general, entre ellos", lamentan. Los afectados denuncian que tras acceder a la función pública y superar procesos selectivos respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, ahora, décadas después, están siendo cesados tras procesos de estabilización injustos, que se están celebrando desoyendo las indicaciones del Tribunal de Justicia de Europa. También los empleados de la Junta de Andalucía se han visto obligados a iniciar procesos judiciales.







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