Torres Hurtado declara como investigado en el caso Ágreda

Las investigaciones relativas a la adjudicación de Casa Ágreda a la ONG Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) continúa su curso. La principal novedad que se producirá durante la jornada de hoy se centra en la declaración que tendrá que realizar José Torres Hurtado, ex alcalde de Granada, en el Juzgado de Instrucción número 9.

El ex regidor abrirá las ronda de declaraciones ante el magistrado José Luis Ruíz Martínez a las 10:00. Al día siguiente a la misma hora será Isabel Nieto quien preste declaración en el marco de las diligencias que estudia el juzgado por posible tráfico de influencias, prevaricación administrativa o malversación de caudales públicos.

Entre las personas que están siendo investigadas por la Fiscalía se encuentra también Manuel Lorente, director técnico de obras municipales en el momento en el que se fraguó la operación y que prestará declaración el 5 de octubre a la misma hora, y otro funcionario cuya declaración está prevista para la jornada posterior.

El representante de la ONG marroquí a la que se adjudicó la Casa Ágreda hará lo propio el próximo 10 de octubre, según las fuentes a las que ha tenido acceso Europa Press.

La Fiscalía también estudia la actuación de la interventora adjunta del Ayuntamiento durante el gobierno municipal del PP, los dos técnicos que firmaron el informe de valoración, del funcionario que redactó el pliego de condiciones y de los componentes de las dos Juntas de Gobierno Local en las que se aprobaron la transacción.

ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN

Los hechos se remontan al 9 de junio de 2014, cuando se presentó por parte de AIDE una instancia dirigida a la Concejalía de Urbanismo en la que se manifestaba la intención de la ONG de adquirir un derecho de superficie sobre la Casa Ágreda.

 

Fueron los portavoces municipales del PSOE -Paco Cuenca-, IU -Francisco Puentedura- y Vamos Granada -Marta Gutiérrez- quienes denunciaron al equipo de gobierno del PP de haber “enajenado” un bien de interés cultural tasado en más de cuatro millones de euros por un precio “que apenas alcanzaba” el valor del sueño en la que se sitúa.

Y es que, tal y como expresan las dirigencias, el presidente de la asociación realizó una oferta por el derecho de superficie de las parcelas de Casa Ágreda durante 40 año por el importe de 200.000 euros con una opción de compra a ejecutar en el plazo máximo de 15 años por un valor de un millón y medio de euros. Esa opción de compra se podría ampliar hasta 40 años, en cuyo caso se aplicaría a partir del decimoquinto año el índice de carestía al valor ofertado de un millón y medio hasta el momento de ejecutar la opción de compra.

El inmueble iba a ser utilizado, según señalaba el AIDE, para crear un centro cultural, un centro social, una guardería infantil, un banco de alimentos y vestidos y un centro de formación lingüística. De igual modo, el lugar serviría para ubicar la primera delegación de AIDE en España.

La Fiscalía cree que pudo cometerse prevaricación administrativa en las Junta de gobierno Local del 12 de septiembre de 2014 y del 6 de marzo de 2015, cuando se votó la adquisición, además de un posible caso de malversación de caudales públicos en la contratación realizada sobre la Casa Ágreda por los responsables de los hechos en perjuicio de las” arcas municipales”.

La Fiscalía cree que puede existir un posible delito de tráfico de influencias, en tanto que el alcalde intervino para ejercer “presión” para dar luz verde a la operación, y al menos dos concejales -Francisco Ledesma y Fernando Egea- se beneficiaron del proceso al viajar a Rabat para unas jornadas hispano-marroquíes invitados por AIDE “con todos los gastos pagados, justo después de aceptar la adjudicación".