TC rechaza el recurso contra la disposición que da cobertura legal al trasvase del Río Castril

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad que promovió en su día el Tribunal Supremo en relación a una disposición de la Ley de Residuos y suelos Contaminados que, a juicio de la Plataforma en Defensa del Río Castril, pretende dar "cobertura legal" a las obras del trasvase a Baza (Granada), actualmente paralizadas por orden judicial.

Así lo acuerda la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Constitucional en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press y contra la que cabe recurso.

La Plataforma en Defensa del Río Castril solicitó en su día este trámite al Supremo --la asociación ecologista no puede hacerlo directamente-- por considerar que esta disposición de la Ley de Residuos pretendía saltarse la sentencia firme del Tribunal Supremo declarando ilegales las obras y expropiaciones del trasvase del río Castril.

Las obras de canalización afectaban a los términos municipales de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Baza y Zújar y estaban enmarcadas en el Real Decreto de 2005 por el que se adoptaban medidas para corregir los efectos de la sequía de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro.

El Alto Tribunal basó su decisión de rechazar las obras en que este decreto de seguía fue anulado en 2010, por lo que quedaban también sin efecto las medidas adoptadas a raíz del mismo.

Esta versión no era compartida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Subdelegación del Gobierno en Granada y los municipios afectados, que en su día consideraron que este proyecto no estaba afectado por la anulación de la citada normativa y se optó por continuar los trabajos, aunque finalmente las máquinas tuvieron que retirarse.

Tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional, la Plataforma en Defensa del Río Castril ha censurado las "injerencias políticas en las decisiones judiciales", al asegurar que la resolución del Constitucional fue adelantada por el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ya a principios del mes de noviembre.

A juicio del presidente de la plataforma, Miguel Ortiz, este hecho "deja al descubierto algunas actuaciones de nuestros gobernantes y supone un duro golpe para la justicia y la democracia en España, pues consolida la injerencia en las decisiones judiciales de los poderes públicos, que lejos de acatar dichas decisiones intenten por todos los medios saltárselas".