Ramón Arenas formaliza la solicitud de que sean los políticos quienes paguen los 1,4 millones de indemnización

El empresario Ramón Arenas ha formalizado este lunes en el Ayuntamiento de Granada un escrito en el que solicita que la indemnización de 1,4 millones que debe abonarle el consistorio en cumplimiento de una sentencia tras una serie de irregularidades que llevaron a la invasión de un solar de su propiedad no sea afrontada por la ciudad sino por los funcionarios y políticos responsables de esta actuación.

Este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha presentado después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Granada haya estimado parcialmente el recurso presentado por este empresario a raíz de la invasión de 333 metros de su parcela en la construcción del pabellón Mulhacén en la etapa de gobierno del PP.

El contrato de adjudicación del pabellón Mulhacén es uno de los expedientes urbanísticos del llamado caso Nazarí, en el que están investigadas 17 personas, entre ellas el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, además de funcionarios y promotores.

El empresario adquirió la parcela para construir un centro de educación preescolar e infantil que no pudo llevar a cabo y el Juzgado le ha dado parte de la razón condenando al Ayuntamiento de Granada a indemnizarle por los daños ocasionados.

En el documento elaborado por el abogado del empresario se expone que "no hay excusa formal para no exigir responsabilidades" a los funcionarios y políticos que provocaron esta situación y dado que el asunto está siendo investigado en la vía penal, el expediente de repetición "resulta obligatorio" para el Ayuntamiento.

Esta fórmula solo es procedente cuando existe "dolo, culpa o negligencias graves" y el empresario argumenta que encaja con este caso, en el que "no cabe duda" de que "no se ha tratado de un simple error" sino de una "clara intencionalidad en la acción municipal".

"Se alude y es fundamento de la condena, no solo un actuar arbitrario, sino que además tuvo un plus doloso, por el que se siguen diligencias penales contra autoridades y funcionarios", agrega el escrito.

Recuerda el empresario que ha sido el propio letrado del Ayuntamiento el que vinculó en su momento este caso con la Operación Nazarí y advierte de que, en caso de no tramitarse el procedimiento administrativo de repetición para que funcionarios y políticos afronten la indemnización municipal, podría darse la circunstancia de que fueran condenados en vía penal y respondieran civilmente de los perjuicios que se deriven de ello, pero sin embargo quedaran libres de la responsabilidad extracontractual a la que ha sido condenado ahora el Ayuntamiento de Granada.