El primer macrojuicio reanudado en Andalucía tras la crisis continúa esta semana con periciales

Este lunes han declarado cuatro testigos-peritos se han sentado manteniendo la distancia social estipulada, con asientos vacíos entre ellos y en la parte trasera de la sala

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El juicio del caso Serrallo se reanuda tras la crisis del Covid-19 | Foto: Gabinete
Europa Press
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El macrojuicio del denominado caso Serrallo, en el que está acusado el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) por supuestos delitos urbanísticos, el primero que se reanuda en Andalucía tras el receso en la actividad judicial ordinaria por la crisis sanitaria del coronavirus, ha retomado sus sesiones, las cuales, desde este lunes con medidas de seguridad sanitaria y sin público, continuarán hasta el jueves con la declaración de los peritos propuestos por las partes.

El exregidor, que se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, no ha acudido a la sesión de este lunes, al tener ese derecho desde que acabaran las declaraciones de los procesados, un total de 17, y ser persona de alto riesgo en el estado actual de pandemia del Covid-19.

Sí ha acudido la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que es juzgada por los mismos supuestos ilícitos, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial, y que se representa a sí misma como letrada.

Estos delitos estarían relacionados con la construcción de una discoteca en una zona donde en principio debía ir un área de recreo infantil, en el entorno del centro comercial Serrallo, en el sur de la capital granadina, a principios de la década pasada, durante la etapa de Torres Hurtado al frente del Ayuntamiento, que, ahora con cogobierno de PP y Cs, ejerce la acusación particular en el caso.

Entre los procesados también están los exediles del PP que apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local, el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello supuestamente alguno de los establecidos en el Plan General.

Se trata de Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, quienes, a excepción de este último, que no ha llegado a entrar en la sala, tampoco han acudido este lunes al edificio judicial de Caleta con motivo de esta nueva sesión de este marcrojuicio, suspendido con la activación del estado de alarma, a mediados del pasado mes de marzo.

La sala Antonio Angulo, habilitada, por el elevado número de acusados y letrados, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, que juzga el caso, ya antes de la crisis del coronavirus, ha vuelto a acoger el macrojuicio durante unas dos horas, ahora con mamparas en el estrado y los abogados distribuidos en los primeros asientos de la sala, que, hasta mediados de marzo, se habían reservado para banquillo de los acusados.

Solo cuatro de estos últimos, funcionarios y técnicos del Ayuntamiento, han acudido a esta sesión y se han sentado, en todo caso manteniendo la distancia social estipulada, con asientos vacíos entre ellos, en la parte trasera de la sala, en cuya entrada la Junta ha dispuesto también dispensador de gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes.

El magistrado José María Sánchez, que preside el tribunal, ha hecho reiteradas advertencias a las partes, durante sus interrogatorios a los cuatro testigos-peritos, que han declarado este lunes, en referencia a la situación de pandemia. "Cuanto menos tiempo estemos aquí será mucho mejor", ha indicado al letrado del constructor acusado, durante la declaración a propuesta de esta parte de un técnico que intervino en la gestión del expediente de la urbanización del centro comercial Serrallo, como empleado del empresario.

Antes que este testigo han declarado, a partir de las 9,40 horas de este lunes, una arquitecta técnica del Ayuntamiento que ha explicado que el proyecto tuvo durante su tramitación "deficiencias" ante las que se abrieron expedientes disciplinarios a la concesionario "para corregir", pero que, en general, la obra se ajustó al pliego de condiciones y la normativa. A preguntas de Nieto, ha especificado que no recibió sugerencias de superiores para modificar ningún informe sobre el expediente del Serrallo.

Declaraciones con mascarillas

Entre las declaraciones de estos testigos-peritos, que no se han podido bajar sus mascarillas mientras han respondido a las preguntas de las partes, se han cambiado los plásticos protectores del micrófono y retirado las botellas de agua, cuando las han llevado con ellos.

En ellas, el juez ha instado a las partes a efectuar preguntas muy concretas, y no detenerse en la interpretación de la norma o el organigrama, que en anteriores sesiones "lo han explicado tantas veces". Remitiéndose en varias ocasiones al "sobreesfuerzo" de la sala ante la situación sanitaria, ha resaltado que el caso "no se gana porque uno tenga más testigos a favor o en contra".

Una antigua responsable de licencias, y un inspector de obras en 2008 en el Ayuntamiento han sido los otros dos testigos-peritos que han declarado este lunes. En el primer caso, Nieto se ha interesado por el funcionamiento de la ponencia técnica, que "filtraba" los expedientes a los que ella daba el visto bueno como edil de Urbanismo, y la participación en la misma del ex alto cargo de esta Concejalía en el Ayuntamiento de Granada, considerado uno de los testigos clave en la investigación por la supuesta construcción irregular de una discoteca en una zona verde junto al centro comercial Serrallo.

En un juicio que dio comienzo el pasado 3 de febrero con la declaración de Torres Hurtado, que se declaró inocente y al margen de estas cuestiones urbanísticas, este martes continúan las sesiones a partir de las 9,30 horas con la declaración de una última testigo-perito, y, por videoconferencia, dan inicio las periciales con tres técnicos de la Junta que explicarán el informe que hizo la Administración regional sobre el caso, considerado una de las principales pruebas de cargo contra los acusados.







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