La plataforma ‘Di No a las Torres’ critica que la Junta no contesta a sus alegaciones sobre la línea 400

Los miembros de la organización reprochan al gobierno andaluz que no "de la cara" ante un proyecto que daña el medio ambiente de la provincia

Línea 400 Baza Caparacena
Desde la plataforma se insiste en que la Junta ha superado el plazo requerido para contestar a su recurso | Foto: Gabinete
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La plataforma ‘Di No a las Torres’ ha criticado que la Junta de Andalucía no haya dado respuesta a su recurso de alzada alegando la nulidad de la autorización ambiental de la línea 400 de Baza a Caparacena. Desde la organización se sostiene que han pasado ya cinco meses desde que se pidieran responsabilidades cuando el plazo máximo para la contestación era de tres meses.

“En el recurso de alzada se solicitó la suspensión de las obras, porque la ejecución de construcción de la línea 400 puede causar perjuicios medio ambientales de imposible o difícil reparación. Circunstancia que legalmente justifica su suspensión mientras se resuelve el recurso de alzada interpuesto. La solicitud de la suspensión de las obras incluida en el recurso de alzada no solo tiene un plazo legal de resolución más corto, de solo un mes, sino que también le aplica que el silencio administrativo es estimatorio. En otras palabras, al no haber contestado ese asunto en el plazo de un mes, la Junta ha estimado la suspensión de su autorización. A pesar de esa situación jurídica actual, con la autorización ambiental suspendida, la construcción de la línea 400 sigue adelante y la Junta mantiene su silencio”, aseguran desde ‘Di No a las Torres’.

Desde la plataforma hacen hincapié en que “la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica perdió su vigencia el 11 de diciembre de 2019. 9 meses antes del otorgamiento de la autorización ambiental de la Junta”. El colectivo manifiesta que “en su resolución de la autorización ambiental la Junta mantiene la vigencia de la declaración en base a una simple carta de un subdirector general del Ministerio a Red Eléctrica de España de enero 2020 que expresa que ‘Se entiende que las obras se han iniciado antes del 11 de diciembre de 2019 y por tanto la declaración de impacto ambiental mantiene su vigencia'”.

“Es cierto que Red Eléctrica de España inició las obras en el año 2019, pero ese inicio de obra fue ilegal y fue expedientado por la Junta y dio causa a una multa para Red Eléctrica. Además, el contenido de la carta contraviene directamente la ley estatal de medio ambiente que define un inicio de obra, como una obra que cuente con todas las autorizaciones necesarias. Algo que obviamente no aplica en este caso”, advierten desde la plataforma, cuyos integrantes aseguran que “porque la Junta no da la cara ante deficiencias jurídicas tan importantes, en un proyecto que daña gravemente al medio ambiente de la Provincia de Granada”.

Desde ‘Di No a las Torres’ se espera que el gobierno autonómico se atenga lo más pronto posible al proceso jurídico establecido para proteger el medio ambiente, pues reiteran que “el objetivo expreso de la línea 400 es transportar a otras zonas la energía eléctrica generada en los megaproyectos fotovoltaicos y eólicos en Granada, causando la destrucción del paisaje y de la biodiversidad del territorio”.







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