Piden cinco años de prisión para el exalcalde de Cogollos Vega por "beneficiar" a una empresa

La Fiscalía ha pedido cinco años y tres meses de prisión para el exalcalde de Cogollos Vega Francisco José Luzón por supuestamente "beneficiar" a una empresa, en el marco de un plan urdido con otros tres acusados en esta misma causa "tendente a lucrarse ilícitamente" a costa del Ayuntamiento de este municipio del área metropolitana de Granada.

El exregidor independiente, el que fue su edil de Urbanismo, Gabriel Leyva, y dos acusados que eran representantes de la empresa supuestamente beneficiada actuaron "de común acuerdo, guiados por el ilícito ánimo de lucro", según consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

El fiscal señala que el plan, "con grave prejuicio" para los contribuyentes de Cogollos Vega, habría consistido en la emisión de tres facturas a favor de la mercantil por, entre otros, "obras nunca ejecutadas en el municipio" pero que, "entre otros aspectos", no correspondían supuestamente con trabajos hechos en el pueblo.

"Al mismo tiempo los acusados emitieron los correspondientes albaranes de entrega y adquisición de material de las presuntas obras nunca ejecutadas en el municipio", agrega el Ministerio Público, que detalla que las facturas, relativas a efectos como sacos de cemento o portes, ascendieron a más de 15.000 euros, si bien "no llegaron a ser abonadas, pues el ardid fue descubierto".

Alcalde y concejal supuestamente actuaron "sin previa comparación de ofertas de otras empresas que pudieran presentar precios más bajos" y no "siguieron el orden previsto para el abono de otras facturas más antiguas".

Luzón, de 62 años, es acusado, en esta nueva causa derivada de su gestión municipal, por la presunta comisión de un delito de prevaricación cometido por funcionario público en concurso con otros de falsedad en documento mercantil y de malversación de caudales públicos en grado de tentativa, al igual que Leyva, de 72 años, y los otros dos procesados, el responsable de la mercantil y su hijo, que serían cooperadores necesarios.

Pide el Ministerio Público, además de la pena de cárcel, multa de 3.600 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por seis años. Está previsto que los hechos sean enjuiciados por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada los próximos días 16 y 17 de marzo.