Paralizan las obras de la macrogranja de Zújar tras las protestas de agricultores y ecologistas

Tras la presión de ganaderos y colectivos sociales como la Plataforma de Defensa del Guadiana Menor, se ha conseguido parar una construcción que tenía proyectados almacenar a más 6.000 cerdos a pesar de tener licitados menos de 3.000

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Imagen de la manifestación celebrada en Zújar el pasado mes de agosto en contra de la construcción de la macrogranja | Foto: Archivo GD
Álvaro HolgadoÁlvaro Holgado
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El Ayuntamiento de Zújar ha paralizado las obras de la macrogranja que estaba en construcción en una zona de invernaderos. Tras las reiteradas protestas y manifestaciones por parte de agricultores, ganaderos y colectivos sociales como la Plataforma de Defensa del Guadiana Menor, se ha demostrado que el proyecto no se ajustaba a la licencia concedida. Ya en 2015, cuenta Eva Pérez Manzano, portavoz de la Plataforma, el proyecto, ajustado a la licencia que concede al Ayuntamiento, es decir, que se encuentra por debajo de las 3.000 cabezas, se había demostrado que no encajaba con la intencionalidad del proyecto presentado por la empresa, que hablaba de 6.000. Al mismo tiempo que comenzaban las obras de maneras lícita a nivel legal, se demostraba la irregularidad del proyecto.

El modus operandi se ha repetido en varios puntos de la provincia, tal y como explica Pérez Manzano, las peticiones de licencia son «siempre de Sociedad Limitadas, en vez de las grandes empresas cárnicas que se encuentran detrás». Las llamadas ‘integradoras’, en este sentido, se basan en la opción de buscar facilidades sobre todo en lo que respecta a las exigencias y de plazos. Un proyecto de esa envergadura tendría una repercusión ambiental que necesitaría licencia por parte de la administración autonómica, lo que alargaría el tiempo de espera para conseguirla. En la manera empleada, aunque como decimos es totalmente irregular, se tardan apenas un par de meses.

Las obras además no se ajustaban a lo que se había proyectado como superficie a construir, en teoría basadas en tres balsas para el purín de 3.400 m³, en vez de una única balsa de 8.000 m³ como se estaba construyendo. Esta sería la verdadera razón por la que se ha podido paralizar la construcción. Un resquicio legal que ha podido demostrarse en parte gracias a la insistencia de una población, que aunque va decreciendo paulatinamente en número, como ocurre con gran parte de los pueblos del Altiplano, ha conseguido resistir este envite. «El discursos del empleo o del asentamiento poblacional de estas empresas es falso. Tenemos ejemplos por toda España y por toda Europa. De hecho, el número de población baja en pueblos donde se han asentado las macrogranjas» explica Pérez Manzano.

El principal argumento para las protestas, la clave de bóveda, está la cuestión ambiental. Las macrogranjas tienen un efecto nocivo multiple tanto por un lado, en la contaminación del aire, por las emisiones de gases de la acumulación de cerdos, con sus consiguientes olores, pero sobre todo en los vertidos de purines, totalmente descontrolados y con varios casos denunciados y judicializados como delitos contra el medio ambiente. El purín, un concepto quizás difícil de entender para los ajenos al sector, vendrían a ser los excrementos de los cerdos, que junto a las hormonas que inyectadas y a través del pienso que toman para potenciar un crecimiento antinatural y mejorar la producción (el cerdo crece en este tipo de granjas en 3 meses, cuando lo normal sería en 9, o como mínimo 6). Esta combinación no quedaría ahí, puesto que habría que añadirle los químicos de los desinfectantes utilizados para limpiar una superficie inmensa como de la que hablamos.

Todo esto acaba normalmente, según apunta Pérez Manzano, vertido en la tierra de los alrededores de la granja, favoreciendo la desertificación y en último término la contaminación de los acuiferos y por tanto, del agua, lo que ha provocado la indignación de los agricultores y ganaderos que ha podido, después de casi tres años, paralizar estas obras. Un mal negocio para una zona como la del Altiplano granadino que pretende vivir del turismo a medio plazo. Así las cosas, desde la Plataforma para la Defensa del Guadiana Menor, avisan que este es sólo uno de los casos abiertos y que queda aún un largo camino a llevar a cabo. «La empresa no se va a quedar callada y aún quedan muchas abiertas y proyectos con licencia para construir en el corto plazo».



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