Palmaria ilegalidad, descontrol absoluto

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE
Los expresidentes Chaves y Griñán | Foto: EP
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Cuentan los que más saben de la Junta que todo el escándalo de los ERE, que acaba de saldarse con duras condenas para dos ex presidentes del Gobierno andaluz, tiene sus raíces en aquellos duros años de la crisis industrial de Andalucía, entre 1993 y 1996, cuando día tras día campaban ante San Telmo, sede de la Presidencia autonómica, millares y millares de trabajadores, más sindicalistas, de empresas señeras como Astilleros, Puleva, Santana Motor, Gillette… que asfixiaban la paz social y amenazaban las mayorías con las que el PSOE había gobernado hasta entonces en la región.
Había que idear un sistema que agilizase la prestación de ayudas a los trabajadores, de forma que con el dinero en el bolsillo aparcasen la protesta y, ante todo, la alejasen del hasta entonces tranquilo edificio donde los socialistas gobernaban en el mar de la tranquilidad de sucesivas mayorías absolutas el artificio autonómico y administrativo que crecía y crecía en burocracia y elefantiasis para beneficio indirecto de la militancia.
La idea, que hasta la sentencia de ahora admite como positiva, pronto derivó en la única forma en que podía derivar, como también establecen los jueces de ahora en su fallo, pendiente del dictamen que emita el Tribunal Supremo ante los recursos que se avecinan. Es decir, que eliminados los controles intermedios todo el campo era propicio para que apareciese en escena cualquier avispado en ese contexto de política de caseta de feria que, aplicando el viejo eslogan de que ‘tó er mundo é güeno’, uno tras otro fuese colando lo que se dio en llamar «intrusos», esos apellidos extraños a la empresa que se introducían en el listado y ¡a cobrar! De ahí a la ‘canalización’ de las ayudas hacia zonas que garantizasen el delicado equilibrio donde el socialismo andaluz necesitaba mantener o recuperar su hegemonía todo eran ya capítulos de la misma historia.
Uno y otra, y otra y otro, y más y más y más… Es de imaginar que desde este martes en que las condenas son ya una realidad -a falta de recurso que salve o suavice la sentencia- alguno habrá evocado el momento aquel en que a la hora de pagar ‘los cafelitos’ en lugar de echar mano al propio bolsillo tiró de fondos públicos para convidar a los amigos. El primer euro ajeno es el más difícil. Gastado el primero, los demás acuden en catarata, ya sea para cubatas, cocaína o el ‘puti-club’ más cercano. Solo que no fue un euro ni dos ni diez… fueron muchos más, 680 millones los que la sentencia fija ahora como repartidos sin ningún control, «un descontrol absoluto».
Todo ello -imposible desligarlo- en el contexto de esa selva administrativa y burocrática que la Junta fue creando en casi 40 años de autonomía. Un aparato gordo, gordísimo con escasa profesionalidad en los altos cargos de la Administración autonómica. Es decir, a un consejero en la cúspide de un departamento, cargo político adquirido con legitimidad en consecuencia a unas elecciones, le sigue otro político y otro y otro y otro en el organigrama de la Consejería… No hay contrapeso funcionarial o profesional en los escalones inmediatos al consejero que frenen decisiones que llevan ante todo carga política. Y si, encima, se eliminan los controles, pues todo acaba como acaba, de momento, el caso de los ERE. Así, mediante el artificio creado un director general de Empleo que vaya usted a saber de dónde venía y cuál era su mérito, salvo el de la militancia y el carné, pasó a disponer de cantidades milmillonarias que repartía a su antojo: en diez años ¡ni uno solo de los expedientes fue fiscalizado! Ni uno solo.
No es de extrañar, por tanto, que del poblado banquillo donde se sentaron los encausados solo hayan salido indemnes dos, los dos únicos técnicos acusados, porque no participaron ni en el diseño ni en la ejecución de los hechos. Dos que advirtieron de la irregularidad, aunque «no con la contundencia suficiente», conclusión ridícula a la que llegó una comisión interna del PSOE regional con la que pretendió sacudirse responsabilidades.
Tengo mis dudas sobre la carga penal que ha recaído con dureza sobre algunos de los condenados en una sentencia que ratifica la dirigida instrucción de la jueza Alaya. Tesis asumida también por la Fiscalía. Creo, también, que en consecuencia con aquella dirigida instrucción la sentencia igualitaria trata por igual a diferentes personajes de esta historia cuya comparativa entre la actuación de unos y otros a simple vista resalta diferencias notables. Es la ‘teoría de la confabulación’ que hiló a la Consejería de Empleo con la de Economía en arriesgada pirueta para empitonar a José Antonio Griñán, teoría en todo caso consagrada en la sentencia: una fórmula decidida en Consejo de Gobierno, la de las transferencias de financiación de una consejería a otra, la artimaña que eludía todo tipo de control, una «palmaria ilegalidad», según la sentencia.
En cualquier caso, esta sentencia de ahora viene a ratificar el viciado mundo autonómico, donde han anidado los mayores escándalos de la sobrecargada tanda de casos de corrupción en la política española. Solo que son las autonomías las que se llevan la palma en el pódium de la corrupción, muy por encima de ayuntamientos y Gobierno central. Un ‘maillot amarillo’ de la corrupción que al ostentarlo las autonomías tiñe de negro la democracia en España porque la autonómica es la más joven de las administraciones, que nació y ha vivido toda su trayectoria en democracia. Lo que viene a ratificar que en sus entramados administrativos, de todos los colores, anidaron estructuras clientelares que alimentaban al partido en el poder. ¿Consecuencia? Analícese cuál es el tiempo medio de un partido en el poder en el Gobierno o en los ayuntamientos y compárase con la ‘eternidad’ en que se ‘eternizan’ los partidos en el poder en los ejecutivos regionales… En este desdichado caso, la autonomía eran ellos: la idearon, la controlaron, la modelaron y la moldearon. No había experiencia anterior ni horizonte de llegada que no basculase sobre el objetivo único de mantenerse en el poder…
Por lo demás, tengo para mí que la instrucción judicial se quedó corta en cuanto a la investigación -que no ejerció- sobre el aparato del partido, en este caso el PSOE. Un reputado analista comentaba un día: «¡Nos han marginado hasta en la corrupción!». Se refería a la marginación que Granada ha venido sufriendo a partir de que la Junta fue culminando su desarrollo administrativo y político. Y, en concreto, a este caso de los ERE. Es verdad: ¿dónde hay casos en Granada y otras provincias? Muy pocos: uno, que afecta a un ex delegado de Empleo. Más del 90 por ciento de los casos se concentra en la provincia de Sevilla y la comarca de Jerez. Casualmente, la procedencia de los dos consejeros ahora condenados.
No, Chaves o Griñán, ninguno de los dos, se enriquecieron con este sistema. Pero idearon y pusieron en práctica un entramado que pretendió la paz social allí donde amenazaba la hegemonía socialista y alimentó la red clientelar que explica los casi 40 años del PSOE al frente de la Junta.
Y un último apunte: la fórmula y el artificio pasaron año tras año por el Parlamento andaluz, que lo aprobó por unanimidad. Los procesados adujeron este extremo como atenuante y mecanismo de defensa. Al recordarlo en esta recóndita columna prefiero apuntar hacia la ineficiencia y prescindibilidad de ese nutrido número de señorías: 109 diputados, ¡109! Y ninguno se apercibió de la que se estaba montando.


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