Organizaciones piden a Subdelegación y Ayuntamiento de Granada reactivar el protocolo de acogida
El Protocolo de Emergencia lleva paralizado desde el año pasado sin que hayan sido atendidas previamente las solicitudes para su reactivación
Gabinete
Este miércoles diversas organizaciones y colectivos han recordado que tienen suscrito con el Ayuntamiento de Granada y bajo su coordinación el Protocolo de Emergencia para la Acogida ante la Llegada Colectiva de Migrantes, el denominado PECOL, y que permanece paralizado desde hace meses.
Así, han recordado que “la paralización del PECOL por parte del Ayuntamiento de Granada desde las últimas elecciones ha provocado diferentes llamadas por parte de nuestras organizaciones para su puesta en marcha con poca o ninguna respuesta municipal”.
Este llamamiento, según señalan las varias decenas de organizaciones que participan del PECOL, “responde a lo sucedido este fin de semana después de que 17 personas migrantes fueran abandonadas frente a la Subdelegación del Gobierno”. A su juicio, este hecho “confirma la necesidad de que el PECOL esté a pleno rendimiento, independiente de que esta situación no debiera haberse producido”.
El PECOL está compuesto por más de treinta personas del ámbito sanitario, trabajo social, traducción entre otros, que, tal y como sostienen en su comunicado, “participan de forma voluntaria en el proceso y están dispuestas a coordinarse de nuevo”.
Por ello, en dos escritos remitidos tanto al Ayuntamiento como a Subdelegación del Gobierno, han solicitado que “se convoque al PECOL y que vuelva a activarse destinándole los recursos necesarios (ínfimos, por otra parte) que requiere”, ya que, según afirman desde las organizaciones, “éste garantiza que se dé respuesta a las diversas necesidades de las personas recién llegadas incluida la pernoctación, revisión sanitaria de urgencia, asesoramiento de todo tipo y acompañamiento individualizado”.
Concluyen que “es esencial que, en esta situación de crisis sanitaria mundial, se activen mecanismos de solidaridad entre ciudadanía y administraciones públicas para que se respeten los derechos fundamentales de las personas más vulnerables tal y como exigen las organizaciones internacionales”.
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