"Mis niños a veces me han preguntado que dónde íbamos a ir"

María Victoria Arcos Puente cuenta su dura historia con fuerza, a pesar de las difíciles circunstancias que tanto ella como su familia, compuesta por su marido y dos hijos menores de edad, han sufrido en su camino. Desde hace tiempo, sus vidas han cambiado, especialmente desde el pasado febrero, cuando recibieron la primera orden de desahucio.

En 2009, el marido de María Victoria, Francisco Manuel, se quedó en paro después de que la empresa de construcción en la que trabajaba quebrara. Unos meses después, la economía de la familia, en riesgo de exclusión y vulnerabilidad por carecer de recursos económicos, no era suficiente para pagar el alquiler de la casa en la que vivían, en Maracena.

"Cuando nos vimos con las deudas que teníamos del coche que habíamos comprado tres años antes y del alquiler, decidimos unificar ambas, y mi padre actuó de aval con su casa", ubicada en el barrio de La Paz, a la que ellos se mudarían poco después, según cuenta Arcos. Así, la Caja Rural concedió un préstamo a la familia.

Al tiempo, el padre de María Victoria, a quien ella misma cuidaba, falleció a causa de un cáncer y la familia decidió irse a vivir a su casa, la cual figuraba como aval. A pesar de las clausulas abusivas y los intereses desorbitados del préstamo (de lo que la familia tuvo conocimiento hace pocos meses), fueron pagando poco a poco la deuda.

"Estuvimos pagando durante unos años hasta que no pudimos con 400 euros de ingresos al mes, hacer frente a una cuota mensual de 250 con dos niños pequeños", comenta la mujer. "Era comer o pagar", dice tajantemente, y prosigue explicando que ni siquiera así "nos llegaba porque era muy poco dinero".

Fue así cómo la familia de María Victoria comenzó su turbulenta relación con el banco, dado que, por un error en la tramitación de sus documentos presentados, con los que pretendían acogerse al Código de las buenas prácticas bancarias, les llegó una notificación del juzgado anunciándoles que debían pagar 14.000 euros en un plazo de 15 días si no querían ir a la vía judicial.

Los documentos que habían presentado para la reestructuración viable de las deudas que tenían habían sido olvidados en un cajón por parte de un trabajador de la entidad bancaria. Ese había sido el error que condujo a la familia a acudir a un abogado de oficio.

Las cosas se complicaban, y los hermanos de María Victoria tuvieron que renunciar a la herencia de la vivienda de su padre, en la que la familia de Arcos vivía, para evitar que el banco solventase las deudas con sus cuentas bancarias, quedando entonces ella "como única heredera de la casa", cuenta.

Cuando la familia de María Victoria recibió la primera orden de desahucio, el pasado mes de febrero, "reiteré que no me negaba a pagar", y acudió a los Servicios Sociales de Granada, que le derivaron a la plataforma Stop Desahucios, cuyos abogados "coincidieron en que lo que se nos estaba haciendo no era justo", argumenta Arcos.

Durante el confinamiento derivado del estado de alarma, declarado el pasado mes de marzo a causa de la pandemia de Covid-19, "la jueza paralizó el primer desahucio", pero "en junio llegó otra orden" con fecha de sentencia para el pasado 26 de noviembre.

Tras diferentes comunicaciones entre la jueza que llevaba el caso y el abogado de Arcos, el miércoles, día 25, a última hora de la tarde "mandó un escrito anunciando que el desahucio se suspendía", pero no se cancelaba para ponerle así una futura nueva fecha. En ese momento, según admite claramente emocionada Arcos, "en mi casa las lágrimas eran pocas porque ya dábamos por hecho que estábamos en la calle".

La mujer agradece encarecidamente el apoyo de sus vecinos y de la plataforma Stop Desahucios y advierte de que "estos problemas los estamos pasando muchas familias cada día".

La situación actual en la casa de Arcos se define en esperar que el banco lance un recurso de reposición (para lo que tiene hasta 15 días) que, en caso de ser aceptado por la jueza, podrían optar a un tiempo de cinco años de carencia, en el que la familia podría pagar lo mínimo y reestructurar la deuda con la entidad y recomenzar a pagar lo pactado con ellos.

Si esto sucediera así, "tendremos que descontar lo que ya habíamos pagado y denunciaremos las clausulas abusivas" que se les impusieron en el anterior crédito.

La casa, que a pesar de estar a nombre de María Victoria como única heredera de la misma, pertenece ahora mismo a la Caja Rural de Granada, dado que la entidad financiera realizó una subasta a la que nadie se presentó y aquélla se la adjudicó.

Un auténtico drama en la familia

Los hijos del matrimonio, con 14 y 16 años de edad, han vivido todo el drama muy de cerca. "Les avisé de que podía venir la policía y la prensa a casa por lo que nos estaba pasando", argumenta Arcos, que indica que les reiteró que "no nos quedaríamos fuera de casa". Aun así, "mis niños a veces me han preguntado que dónde íbamos a ir", prosigue.

Asimismo, la mujer cuenta que los profesores del instituto en el que estudian los chicos, también están al tanto de la situación y destaca el apoyo que han recibido por parte de los docentes y del centro educativo en general. "Nos dijeron que nos podrían facilitar un psicólogo", admite.

Arcos, junto a su marido, Francisco Manuel, y sus dos hijos menores de edad | Foto: María Victoria Arcos

A nivel personal, esta situación ha supuesto "un continuo estado de ansiedad porque hasta que no sabes lo que va a pasar, te ves con un pie en la calle", cuenta amargamente Arcos. Y añade que "es un martirio, no se lo deseo a nadie".

"Es un estado de estrés, no duermes", continúa la mujer. "Los jueces no tienen en cuenta lo que estamos pasando", sentencia.

Durante el estado de alarma, "hemos tenido que recurrir a los Servicios Sociales, que nunca piensas que eso tenga que pasar", asegura. María Teresa lamenta que sólo "conseguí que me dieran alimentos durante tres semanas, pero luego se suspendió porque se agotaron las ayudas".

En búsqueda de una solución laboral

Si bien María Victoria y su marido siguen en búsqueda de empleo activa actualmente por diferentes medios, como la Asociación Arca Empleo o la plataforma InfoJobs, admite que "siempre tenemos el hándicap de que todo el mundo busca menores de 35 años", mientras que ellos tienen 53 y 52 años, respectivamente. "Te ves válida, con capacidad y ganas de trabajar, pero se te cierran todas las puertas", asume tristemente.

Como curiosidad, Arcos habla de una entrevista que hizo con la empresa Inagra, en la que le dejaron claro que sólo la llamarían en "días específicos de trabajo", por lo que ella tuvo que declinar la oferta, ya que percibe una subvención "y en el momento que acepte un trabajo, la pierdo".

Ellos lo entendieron perfectamente, según cuenta Arcos, señalando además que le dieron ánimos para su situación y le aseguraron tener en cuenta su currículum para el futuro. "Es una incongruencia que venga a pedir trabajo y no pueda aceptarlo", asegura.

Una petición

María Victoria Arcos ha creado una petición en la página gofundme.com en la que solicita la colaboración de los ciudadanos que lo deseen, pues como ella dice, "muchas personas con un pequeño gesto pueden hacer mucho".

Como conclusión, Arcos admite que todo esto "lo estoy haciendo por mis hijos", pues según ella, "ante un hijo, no hay un muro que te impida buscar ayuda como sea". La mujer es consciente de que "la batalla no se ha ganado todavía".