Los peritos de la Junta advirtieron de la “ilegalidad” de la discoteca del Serrallo

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzga el caso desde el pasado 3 de febrero en un macrojuicio con 17 acusados

CASO SERRALLO
Imagen de archivo del caso Serrallo
Europa PressEuropa Press
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Los peritos de la Junta de Andalucía que redactaron el informe sobre las obras de urbanización del entorno del centro comercial Serrallo, en Granada, una vez estas se judicializaron, han ratificado este martes su contenido, que advierte de la “ilegalidad” de construcciones como la sala de fiestas, en una zona destinada inicialmente a recreo infantil, y que estas no son “legalizables”.

Así lo han hecho a preguntas de la fiscal del caso Serrallo, que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada juzga desde el pasado 3 de febrero en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de Caleta en un macrojuicio con 17 acusados, incluido el exalcalde de la ciudad por el PP José Torres Hurtado, y que, tras el receso por la crisis del coronavirus, se reanudó este pasado lunes, el primero de estas características que lo ha hecho en Andalucía.

A través de videoconferencia, y con algunos problemas en la audición y retardo en la conexión que han dificultado su entendimiento por las partes, los peritos han precisado que consideran una “edificación” y no mobiliario urbano el bar de refrescos denominado quiosco que se planeó en un inicio, y que, en este contexto, según su criterio, no se debería haber construido sin licencia.

El interrogatorio de la Fiscalía y el resto de las partes de la acusación, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, hoy gobernado por PP y Cs, y las defensas, ha versado, en este sentido, sobre los usos de las edificaciones, y por otro, en la liquidación del sistema de compensación, que el Ayuntamiento articuló para que el constructor, también acusado, pudiera rentabilizar la inversión en la urbanización del entorno del centro comercial Serrallo.

Los peritos, técnicos de Ordenación del Territorio de la Junta, que han subrayado que no son expertos económicos y que la presentación de las cuentas definitivas de la operación es una “obligación legal”, han cifrado en torno a los 306.000 euros el montante cuya liquidación podría haber llegado a quedar sin justificar por el constructor, ante lo cual letrados de la defensa han expuesto las carencias que a su parecer habría tenido el informe, incidiendo en que el Ayuntamiento sí fue compensado.

Durante esta semana, está previsto hasta este jueves continúen las periciales a propuestas de las partes, habiéndose renunciado a una de ellas, fechada inicialmente para este miércoles, sobre un informe sobre el resultado económico de la concesión.

Desde este pasado lunes la vista se desarrolla con medidas de seguridad sanitaria y sin público, unas condiciones que se prevé que se extiendan, en el marco de la lucha contra la covid-19, hasta el final del juicio, previsto para el miércoles 24 de junio, con el derecho a la última palabra de los acusados.

DELITOS URBANÍSTICOS

Torres Hurtado, que se declaró inocente y al margen de estas cuestiones urbanísticas, se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Tras haberse reanudado las sesiones, no está acudiendo al juicio, al tener ese derecho desde que acabaran las declaraciones de los procesados, y ser persona de alto riesgo en el estado actual de pandemia.

Sí ha acudido la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que es juzgada por los mismos supuestos ilícitos, aunque sumando uno más de falsedad en documento oficial, y que se representa a sí misma como letrada.

Entre los procesados también están los exediles del PP que apoyaron, el 26 de julio de 2012, en una Junta de Gobierno Local, el cambio de uso de los terrenos, alterando con ello supuestamente alguno de los establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana.







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