La turistificación goza de buena salud

Dijimos aquí, hace dieciséis meses... Acababa de pasar la Semana Santa de 2018 y la aglomeración de turistas en aquellos días daba pie para sacar a la palestra un fenómeno, la turistificación, que en el tiempo transcurrido sigue siendo un problema que no ha hecho más que agravarse sin que nuestras queridas autoridades, que tanto se desvelan por nosotros, hayan hecho nada por paliarlo. Nos referimos, claro está, a los apartamentos turísticos y su capacidad para incidir en negativo en el ritmo cotidiano de las ciudades y la vida de las familias.

Hay días en que te dan hecha la columna, por muy recóndita que sea. Sobre todo si -para nuestra tranquilidad de conciencia- este 'replay', esta repetición de la jugada tiene la misma humilde firma que en aquellos lejanos o cercanos días de abril de 2018. Los hoteleros se han quejado. Con razón. Los vecinos se quejan. Con razón. Pero ya se venían quejando entonces y antes de entonces. Y no se ha hecho nada. En el tiempo transcurrido hemos cambiado de gobierno central, de gobierno autonómico y de gobierno municipal. Otro inquilino habita en la planta noble de Moncloa, de San Telmo y de la Plaza del Carmen. Ninguno ha hecho nada. En esta España autonómica que hemos construido entre todos cuando surgen problemas como este de la turistificación cobra todo su hiperbólico sentido aquello de los unos por los otros y la casa sin barrer.

El problema tiene la suficiente gravedad social para que un norma estatal rigiese este fenómeno que envejece tanto como despuebla los centros de las ciudades al tiempo que como efecto secundario encarece los alquileres en la periferia. Como no existe esa norma general, el Gobierno central se desentiende y residencia las soluciones en los gobiernos regionales, que, a su vez, en su proverbial incuria, empujan a los ayuntamientos a adoptar reglamentos y ordenanzas sin una normativa general. En ese escenario, cualquiera de los muchos abogados caros, a los que acuden y se pueden permitir pagar las multinacionales que suelen estar detrás de estas palancas de alquileres turísticos, están sentadas las bases para echar abajo cualquier tímida medida municipal como la que intentó el Ayuntamiento de Barcelona para poner orden en esta selva.

Con una tercera derivada en las consecuencias de esta turistificación, 'palabro' nuevo para fenómeno nuevo: el empleo. Decíamos en abril de 2018, con Semana Santa en marzo, que las cifras del empleo en ese mes habían registrado un escuálido aumento de las contrataciones. El dato de entonces invitaba a pensar en una 'foto fija' del mercado laboral ligado a la hostelería. La Federación de Hostelería -entonces- "ha vuelto a levantar la voz alertando sobre la competencia desigual que suponen los apartamentos turísticos que han crecido en los últimos años sin freno ni previsión", escribíamos aquel día. Hacía tres años -es decir, cuatro años ahora- que la Junta promovió una reunión a varias bandas, con Ayuntamiento, Diputación, etcétera... al estilo que montaba la Junta estas cosas: "se va a estudiar... vamos a promover... analizaremos... todos nos hemos comprometido..." Seguimos la autocita: "Aquí estamos tres años después (ahora, cuatro), sin otra novedad que no sea el crecimiento y la buena salud del problema".

La confianza, entonces y ahora, la oriento yo a la regulación por Hacienda, más que en las acciones que puedan prometer y prometan las instituciones, sea la Junta o el Ayuntamiento. Naturalmente, me apresuro a aclarar que no apremio a los recién llegados Luis Salvador o a Moreno Bonilla a que aporten y lleven a la práctica sus soluciones, aunque el segundo lleva ya ocho meses en el cargo. Pero no veo sensibilidad ni en la Junta de ahora ni en el Ayuntamiento de ahora. Tampoco, en el Gobierno central. Salvo que a la Agencia Tributaria se le aparezca este fenómeno como un caramelo bastante goloso para acometer la fiscalización de una actividad dentro del sector hotelero que se mueve en una nebulosa de regulación con bastantes posibilidades de eludir controles y actuar en los bordes de la clandestinidad. He aquí, por tanto, dos caras de este problema, decíamos: competencia de apartamentos turísticos, con la consiguiente merma de ingresos y necesidades laborales en la hostelería tradicional. Y dificultad de fiscalización de los reales ingresos y beneficios en unos alquileres que se realizan principalmente a través de internet.

"El crecimiento de los apartamentos turísticos ha arrojado otra cara al problema de la vivienda en España que visto lo visto está pasando desapercibido a los poderes públicos. Me refiero al aumento de las tarifas de alquiler como consecuencia de que a los propietarios de los pisos les resulta más rentable y menos molesto poner la casa a disposición de visitantes del fin de semana que a familias necesitadas de un derecho básico". Más demanda y menos oferta en unos tiempos en que los salarios en España se han derrumbado. "Esta es la consecuencia de abandonar a la lógica del mercado un derecho reconocido en la Constitución". No hay más que asomarse y bucear por las 'webs' para apercibirse del fenómeno que ha disparado los precios. Con un añadido: la 'expulsión' de los vecinos habitantes de barrios céntricos y tradicionales para pasar una vivienda de alquiler al régimen de apartamentos turísticos. "Y cada día más, los centros de las ciudades deshabitados a partir del cierre de la jornada comercial". En un país en el que los desahucios constituyeron un problema nacional merecedor de un respuesta como cuestión de Estado, como emergencia nacional, entramos ahora en la segunda fase, la de los desahucios por no poder pagar el alquiler.

Alertábamos de ello hace casi año y medio. Para desgracia de esta recóndita columna, dieciséis meses después de aquel escrito sus contenidos siguen vigentes.