La provincia registra 1.470 casos en el Sistema de Seguimiento Integral a Víctimas de Violencia de Género

Durante el mes de mayo, se registraron 87 llamadas al teléfono de atención 016 y, hasta ese mes, había 304 usuarias dadas de alta en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género

Rueda de prensa de balance sobre los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
Rueda de prensa de balance sobre los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género | Foto: Europa Press
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En la provincia de Granada hay 1.470 casos registrados en el Sistema de Seguimiento Integral a Víctimas de Violencia de Género (Viogén), con distintos niveles de riesgo, que cuentan con protección policial.

Durante el mes de mayo, se registraron 87 llamadas al teléfono de atención 016 y, hasta ese mes, había 304 usuarias dadas de alta en el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género (Atenpro).

En cuanto a los medios telemáticos, conocidos como pulseras de control, en mayo había treinta dispositivos instalados en la provincia y, a fecha de abril de 2019, había 570 mujeres perceptoras de la renta activa de inserción para víctimas de violencia de género.

Así lo ha informado este jueves la subdelegada del Gobierno en Granada en funciones, Inmaculada López Calahorro, quien ha señalado que esta provincia ha sufrido “de manera trágica” las consecuencias más graves de la violencia de género con 34 mujeres víctimas mortales desde 2003, fecha en la que se comienza a registrar estos datos en España.

López Calahorro ha realizado un balance de las actividades desarrolladas en los municipios de Granada con el casi millón de euros (926.642 euros) que el Gobierno central les ha transferido para el desarrollo de programas dirigidos a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Esta partida responde al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que ha recuperado las competencias sobre estas cuestiones a los ayuntamientos, ya que es “la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas”.

Así, entre las actividades desarrolladas por los municipios se encuentran diferentes acciones formativas dirigidas a menores, mujeres, personal técnico y población en general; campañas de sensibilización; actos deportivos, instalación de puntos informativos sobre violencia, abusos y agresiones sexuales; ampliación de fondos de bibliotecas municipales o la contratación de personal para asesoramiento jurídico y social o intervención psicológica a las víctimas, entre otras actuaciones.



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