La Guardia Civil defiende su "inmediata" actuación tras el procesamiento del sargento acusado de violación
Recuerda que la denuncia no se formuló hasta febrero de 2016, "a pesar de las investigaciones y facilidades" dadas a la víctima
La Dirección General de la Guardia Civil ha defendido este jueves su "inmediata" actuación una vez que conoció el procesamiento del sargento O.M.G, que está investigado en un tribunal militar por presuntamente violar a una subordinada y luego obligarle a abortar.
El auto de procesamiento, han explicado en un comunicado, lo recibieron oficialmente el 20 de julio a través de su unidad territorial, coincidiendo por tanto con el día en el que la AUGC informó a los medios de estos hechos.
En este sentido, añaden que actuaron de acuerdo a la ley de 2014 de Régimen de Personal que establece el cese en el momento en el que se dicte auto de procesamiento.
La dirección del Instituto Armado se ha remontado al 19 de julio de 2013, cuando un guardia civil remitió un parte disciplinario contra este sargento dando traslado del acoso que sufría su compañera. No obstante, añaden, en el seno de aquella investigación la afectada "negó en todo momento acoso y malos tratos, rechazando interponer denuncia".
"Y ello", añaden desde la jefatura de este Cuerpo, "a pesar de todos los actos de investigación realizados y de las facilidades que se dieron tanto por sus mandos orgánicos como por parte de la propia Unidad Orgánica de Policía Judicial en la que estaba destinada".
La denuncia de la guardia civil no se formuló hasta el 3 de febrero de 2016. Antes, explican, un representante de la AUGC había presentado un escrito en la Dirección, con fecha de 3 de diciembre de 2015, solicitando su actuación.
PROTOCOLO DE 2013
Esto motivó que se abrieran diligencias por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Zona de Murcia, remitidas al juzgado "18 días después", el 22 de diciembre. La juez ordenó la apertura de diligencias previas un días más tarde.
La Dirección General, que ostenta Arsenio Fernández de Mesa, defiende su "proactividad" en contra de las "acusaciones gratuitas" y, aparte de reservarse el derecho a emprender acciones judiciales, recuerda que aprobó en 2013 un Protocolo de Actuación en Relación con el Acoso Laboral y Sexual en este Cuerpo.
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