La Fiscalía recurre el archivo de la causa sobre las contrataciones de la Alhambra
El Ministerio Público ha recurrido el sobreseimiento libre de la causa ante la Audiencia de Granada por "discrepancias" en relación con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa sobre supuestos fraudes en las contrataciones en el Patronato de la Alhambra y el Generalife que decretó hace unos días el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
El Ministerio Público ha recurrido el sobreseimiento libre de la causa ante la Audiencia de Granada por "discrepancias" en relación con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos máximos de instrucción, según han informado a Europa Press fuentes de la Fiscalía.
El auto de sobreseimiento se produjo después de que la Audiencia de Granada considerara que la complejidad de la causa se dictó fuera del plazo establecido y declarara nulas todas las diligencias practicadas a partir del 3 de octubre de 2017, incluyendo la detención de más de una veintena de personas en la llamada 'Operación Colina Roja II'. Entre ellos se encontraban los anteriores gestores del monumento, trabajadores y empresarios.
La causa procede de las diligencias previas del conocido como 'caso audioguías' y ha estado por distintos juzgados hasta que finalmente se resolvió, el 2 de noviembre de 2017, remitir las diligencias al Juzgado de Instrucción número 4 para el conocimiento de los hechos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, opinó la semana pasada al hilo de esta causa que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha reducido los plazos de instrucción ha sido un "cambio arriesgado" que en algunos casos está produciendo "distorsiones procesales" y "merece una reflexión del legislador".
Lorenzo del Río incidió en que es "un tema del legislador, que debe ser quien lo aborde", aunque reconoció que el asunto merece una reflexión pues implica estar con una "premura de tiempo enorme en causas complejas".
Seis meses, según sostuvo, puede ser un espacio de tiempo "muy corto" en determinados asuntos y se pueden producir hechos que "afecten al servicio público y a la imagen" de la Justicia. No obstante, opinó que el llamado caso Nazarí, que lleva varios años de instrucción, no tiene por qué correr la misma suerte pues la ley permite prórrogas.
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