La Fiscalía pide seis años para Eduardo Moral y cinco para María Francés por el caso Emucesa

Solicita a los acusados la devolución conjunta y solidaria de 309.831 euros por las cantidades percibidas y los gastos derivados de los hechos

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María Francés, en su etapa como concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada | Foto: Gabinete
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La Fiscalía de Granada ha remitido al zuzgado el escrito de acusación del caso Emucesa y pide para los exconcejales del Ayuntamiento de Granada penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada (Emucesa) en el periodo 2003-2011 y 2011-2016 respectivamente.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también se solicitan penas que oscilan entre los cinco años y seis meses de prisión y los cuatro años, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, pide el sobreseimiento como investigado para el gerente de Emucesa y exige a los siete acusados a indemnizar a la empresa que gestiona el cementerio municipal Emucesa la cantidad de 309.831 euros por los contratos realizados.

A Eduardo Moral, que firmó contratos a tres de los acusados, se le exige la devolución de forma conjunta y solidaria con tres de los acusados la cuantía de 277.310 euros. Para María Francés, ésta se eleva a 32.521 euros con uno de los contratados ya que uno de ellos devolvió el dinero percibido a Emucesa.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de “alta dirección” simulando una relación laboral inexistente. Y añade que “desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública”.

Del mismo modo, también solicita a cuatro de los acusados contratados la devolución de indemnización al Servicio Público de Empleo Estatal la cantidad total 13.109 eros por fraude de prestaciones al sistema de la Seguridad Social.

La Fiscalía acusa por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos.



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