Juzgan a 32 acusados de simular contratos de trabajo para conseguir préstamos

La Sección Primera de la Audiencia de Granada acoge hoy el juicio contra 32 acusados de participar en un "plan criminal" por el que simularon supuestamente contratos de trabajo, recibos de nóminas y certificados con datos no ajustados a la realidad para conseguir préstamos que no pretendían abonar.

Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de hasta seis años de prisión por unos hechos que sucedieron entre enero de 2009 y septiembre de 2013 y que fueron objeto de una operación decretada por el Juzgado de Instrucción 7 de Granada en la que se incautó gran cantidad de material vinculado a estos hechos ilícitos; como nóminas, documentos bancarios, facturas, un contrato de suministro eléctrico, documentos de identificación y talones bancarios.

Para llevar a cabo este "plan criminal", los dos principales acusados buscaron "a personas de escasos recursos económicos para entregarles documentación de naturaleza económica y mercantil" para aparentar "una correcta solvencia económica que en realidad no tenían", según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los dos principales acusados se enfrentan a penas de seis años de prisión y multas de 3.600 euros por la presunta comisión de delitos de falsedad documental y de estafa con los que habrían defraudado más de 50.000 euros. Para el resto de los implicados, la Fiscalía pide penas de cárcel de entre uno y tres años y multas de hasta 2.700 euros.

Para solicitar los créditos mediante tarjetas o los préstamos, presentaban contratos de trabajo en los que la "manipulación quedaba patente", pues el solicitante o bien "no había trabajado nunca en la empresa o lo había hecho en un espacio de tiempo inferior al reflejado.

En lo referente a las nóminas, para aparentar su procedencia legítima tenían un sello de la empresa en cuestión, pero o bien no eran los auténticos o se trataba de sellos creados 'ad hoc' por los principales acusados.

Ellos habrían elaborado gran parte de la documentación en soportes informáticos para después guardarla en los discos duros de los ordenadores que poseían en sus domicilios particulares en Armilla y Cájar y en tres empresas de Granada capital.