Interinos del Ayuntamiento, Diputación, Junta y CSIC reclaman la fijeza de sus puestos

Se concentran unidos en el Puente Romano del Genil ante la situación de fraude de ley en la que se encuentran

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Concentración de los trabajadores interinos en el Puente Romano sobre el río Genil para pedir que sus puestos pasen a ser fijos | Foto y vídeo: Carlos Gijón
Gabinete
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Los trabajadores temporales de las distintas administraciones públicas se han concentrado este domingo en 31 ciudades españolas, entre ellas, en Granada. La concentración en el Puente Romano del río Genil, convocada por Sitag – sindicato independiente de trabajadores del Ayuntamiento de Granada-, por Atradigra – asociación de trabajadores de Diputación de Granada- y por la Plataforma de Personal Temporal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada ha sido para reclamar la fijeza de sus puestos y se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, disponible en el canal de Youtube de GranadaDigital.

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el pasado 22 de abril en intervención en el Senado, anunció que para antes del verano quiere tener encima de la mesa la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de dar solución al problema del abuso de temporalidad que sufren unos 800.000 empleados públicos en todo el país. Sin embargo, los afectados afirman no confiar en absoluto en que la solución que vayan a dar desde el Ministerio sea acorde con la interpretación que de la Directiva 70/1999/CE realizan las distintas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo.

En un manifiesto leído en la concentración por los portavoces de los convocantes acusaron al Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de mirar para otro lado: “Ha quedado más que demostrada la absoluta falta de voluntad política para ajustarse a la ley y terminar con este problema enquistado de la temporalidad pública abusiva”. Afirmaron que les están “obligando” a incrementar sus acciones pues a las cientos de demandas individuales interpuestas e impugnación de procesos selectivos suman ahora anuncio de huelgas y de querellas contra los responsables.

En el Ayuntamiento de Granada acusaron al concejal de recursos humanos de “marear la perdiz” para no buscar una solución al problema que sufren 200 familias. “Llevamos desde febrero reclamando una solución que evite los juicios. Hasta el próximo jueves no vamos a tener la primera reunión. Los juicios empiezan en tres semanas y los afectados están sufriendo angustia, depresión, etc. Es inadmisible la nula sensibilidad del Ayuntamiento de Granada con sus propios trabajadores”, afirmaba el portavoz de SITAG, Pablo García de Movellán, quien anunció, asimismo, que el próximo viernes las 200 familias se concentrarán en plaza del Carmen: “Nos constituiremos en esa concentración en Asamblea y votaremos las siguientes acciones que realizaremos. No descartamos hacer paros indefinidos, jornadas de huelga, la interposición de querellas, etc. Todo dependerá de lo que el día anterior el Ayuntamiento de Granada acepte de las propuestas que les llevaremos”.

En la Diputación de Granada, los afectados también han acudido a la vía judicial. Hablan de 400 familias afectadas, destacando que accedieron a sus puestos, en algunos casos hace ya 20 años, cumpliendo con los requisitos exigidos de igualdad, mérito y capacidad. Afirmaron que esto ahora se ignora y que sus puestos dependen de una decisión política, ya que desde Recursos Humanos su diputado, José García Giralte, asegura que la única vía posible es “la oposición libre sin valorar la experiencia ni la formación de los trabajadores y con unos temarios memorísticos que poco tienen que ver con las funciones desempeñadas”. Los trabajadores han intentado abrir vías de comunicación con la corporación para exponer su situación y solicitar que se saquen de las Ofertas Públicas de Empleo las plazas ocupadas por los trabajadores abusados. Según indican desde Atradigra, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena Ávila, asegura que la solución no está en su mano y aboca a sus trabajadores “a un despido cierto con la consecuente merma en la calidad de los servicios de interés general para la ciudadanía de la provincia”.

Trabajadoras del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) denunciaron que para conseguir la estabilización se les obligará a pasar por proceso de estabilización, que claramente es un ERE encubierto, obligándolos a pasar un examen cuyo contenido nada tiene que ver con las tareas que desarrollan en sus puestos de trabajo. “Llevamos de 10 a 25 años trabajando en el CSIC encadenando contratos temporales o bajo la figura de indefinidos no fijos. Somos uno de los pilares fundamentales de esta institución que a lo largo de estos años hemos tenido que superar los diferentes procesos selectivos que nos exige la AGE para obtener cada contrato, demostrando así, reiteradamente, nuestros méritos y capacidades. Este ERE encubierto afectaría a más de 1.300 temporales y sus familias en el CSIC en toda España. Somos personal altamente cualificado implicados en proyectos de índole internacional en campos tan diferentes y específicos como la biología, la astrofísica, las ciencias de materiales o la medicina. Nos asiste el derecho y la jurisprudencia europea y solicitamos al gobierno español que se aplique la directiva 1999/70/CE, que es de obligatorio cumplimiento para los estados miembros de la UE. La fijeza tiene el amparo legal para ser la sanción disuasoria y compensatoria para los afectados. Que quede claro: que la fijeza para el personal temporal en abuso es constitucional. Esto es un clamor, hay concentraciones por todo el Estado y notificamos que el 28 de mayo estamos convocados por el Sindicato SAT y CGT a una Huelga General del Sector Público y sus contratas bajo la consigna: Los que están, se quedan”.

Coincidieron las trabajadoras de la Junta de Andalucía en que llevan muchos años trabajando en situación de fraude de ley tras haber accedido a sus puestos cumpliendo con los exigidos requisitos de igualdad, mérito y capacidad. Afirmaron que la Junta de Andalucía “mira para otro lado dando la espalda a sus empleados cuando debería actuar con pulcritud dando ejemplo al resto de administraciones públicas”, reclamando que sea valiente dando “un paso al frente y comprometerse con sus trabajadores, con la justicia y la legalidad”.  

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