El Ingreso Mínimo Vital llega en diciembre a más de 19.000 granadinos

Se introducirán mejoras para acreditar la unidad de convivencia para las personas que comparten piso y sin hogar

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Imagen ilustrativa de dinero | Foto: Archivo GD
Gabinete
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El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha reconocido a 19.041 granadinos, de ellos 9.118 menores, el Ingreso Mínimo Vital, mientras que en Andalucía la cifra, en diciembre, llegará a 154.477 personas, de las que el 46 % son menores. En España, esta cifra roza los 160.000 hogares y más de 460.000 personas.

Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre, la séptima que abona la Seguridad Social. Desde que se puso en marcha esta prestación, el INSS de Granada ha abonado entre junio y noviembre más de 16 millones y medio de euros.

Hay que destacar que Granada ha sido la tercera provincia española (solo por detrás de las dos provincias Canarias) que mayor número de solicitudes por habitante ha tenido (más de 3600 solicitudes/100.000 habitantes).

En los seis primeros meses de existencia de la prestación, dedicada a hogares en situación de vulnerabilidad, se han recibido 39.148 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Del total que han llegado por diferentes canales, 1.729 expedientes estaban duplicados, lo que supone que eran válidos algo más de 37.000. En los seis meses de vigencia de la prestación, la Seguridad Social en Granada ha tramitado 22.888.

La Dirección Provincial del INSS en Granada ha resuelto 17.027 y se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación a 5.861. Aproximadamente el 25 % de las solicitudes tramitadas han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio.

Mecanismos de apoyo

El importante reto de gestión que supone para la Administración de la Seguridad Social el trámite urgente de este elevado número de solicitudes en un contexto tan excepcional como el derivado de la pandemia por Covid-19, ha motivado que se implementen diferentes mecanismos de apoyo tanto materiales como humanos para dar una respuesta eficiente.

Por un lado se están desarrollando aplicativos específicos para facilitar el trámite y muchos de los requisitos necesarios para la aprobación de las solicitudes no es necesario que sean aportados por los solicitantes, ya que se han habilitado a los funcionarios que realizan dichos trámites para poder realizar transacciones con el resto de administraciones pública.
Se ha llegado a acuerdos con diferentes ayuntamientos para que la Dirección Provincial del INSS solicite directamente a los mismos los certificados de empadronamiento “históricos-colectivos” sin que, por tanto, el ciudadano tenga que desplazarse para ello.

Plan de intensificación

En cuanto a medios humanos, la Dirección Provincial del INSS de Granada ha implantado un “Plan de intensificación” y ha formado un grupo de más de 50 funcionarios tramitadores expertos.

Igualmente, la Seguridad Social sigue tramitando el resto de prestaciones con la misma eficiencia de siempre y en estos momentos los tiempos de trámite se encuentran dentro de parámetro óptimos; en el último mes por ejemplo, los tiempos de trámite de prestaciones como jubilación (5,10 días), muerte y supervivencia (5,90 días), incapacidad temporal (6,64 días), nacimiento y cuidado del menor (4,35 días) así lo atestiguan.

Más de 3.000 consultas atendidas al mes

Finalmente y para paliar las dificultades derivadas de las medidas de prevención, acordes a las normas dictadas por las autoridades sanitarias, para garantizar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores públicos y de todos los ciudadanos, que hacen que la atención presencial solo pueda realizarse mediante cita previa y con un aforo limitado, se han habilitadlo buzones de consulta generales y específicos para IMV en los que se está dando respuesta en la provincia de Granada a más de 3.000 consultas cada mes. Además se ha reforzado la atención telefónica centralizando las llamadas en el número gratuito 900 20 22 22.

Todas estas medidas, ha señalado la subdelegada, “dan una idea del importante reto organizativo que supone la gestión del ingreso mínimo vital, teniendo en cuenta la gran cantidad de expedientes y la situación de excepcionalidad por la situación epidemiológica en la que nos encontramos pero gracias a los recursos materiales y humanos puestos a disposición de la Seguridad Social por parte del Gobierno de España en coordinación con otras administraciones, permitirá dar una respuesta adecuada a esta urgente necesidad de las personas más necesitadas”.

Pasarela para agilizar el trámite

Entre los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital se encuentran por primera vez perceptores de rentas mínimas de comunidades autónomas que han sido reconocidos como beneficiarios a través de una pasarela desarrollada para el intercambio de datos entre administraciones. Estos reconocimientos son fruto de la prueba piloto que se está realizando con la comunidad de Aragón, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de la renta autonómica que cumplen los requisitos del Ingreso Mínimo Vital y permitir su reconocimiento sin que tengan que realizar una solicitud de la prestación.

Tras el éxito de la prueba piloto, el objetivo es que esta pasarela pueda extenderse a otras comunidades autónomas para facilitar la transición entre las rentas mínimas autonómicas y el Ingreso Mínimo Vital. En este sentido, dentro de la colaboración que se mantiene con las comunidades autónomas, esta pasarela se constituirá como un mecanismo permanente de intercambio de información que permitirá una reconversión ágil al IMV de los beneficiarios de las rentas autonómicas que cumplan los requisitos.

Novedades en la unidad de convivencia

Fruto de los primeros análisis ya se hicieron algunos ajustes normativos del IMV en septiembre, que han permitido facilitar y agilizar notablemente la tramitación de expedientes. No obstante, en las próximas semanas se realizarán nuevas mejoras que permitirán adaptar la norma a la pluralidad de situaciones de convivencia que se producen en la vida diaria, fundamentalmente entre las personas en situación de vulnerabilidad económica que, a menudo se ven obligadas a compartir vivienda.

En este aspecto, está prevista una próxima modificación normativa para que la acreditación de la unidad de convivencia se pueda realizar mediante un certificado de los Servicios Sociales.

Al margen de estas modificaciones, se va a realizar una completa evaluación del alcance que ha tenido la prestación en estos meses y a estudiar cuantas modificaciones sea necesarias para llegar a los 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad, que son los identificados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones antes del desarrollo de la norma.

Entre las mejoras que se introducirán próximamente también está la de facilitar el acceso a la prestación por parte de personas sin hogar, de forma que quedará excluido el límite de titulares por unidad de convivencia en casos de convivencia en hogares colectivos (albergues, centros de acogida…).

Además, en estos seis primeros meses de despliegue, esta nueva prestación ha igualado o superado el número de beneficiarios que tienen otras ayudas de este carácter en diferentes comunidades autónomas, con un periodo mucho más largo de despliegue.

De esta forma, las más de 460.000 personas a las que llega el Ingreso Mínimo actualmente representan el 85 % de las 550.000 personas que eranbeneficiarias de las rentas mínimas de las autonomías régimen común a finales de 2019.







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