Hacienda agilizará la devolución a los contribuyentes de los ingresos cobrados indebidamente

Entran dentro de estos supuestos las liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria de Andalucía que hayan sido anuladas por resolución judicial o las rectificaciones de los contribuyentes que hayan ingresado dinero de más

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Imagen de archivo de la Agencia Tributaria
Jose Luis MorenoJose Luis Moreno
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El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía va a agilizar la resolución de los actos administrativos favorables para los contribuyentes y procederá, con carácter preferencial, a la devolución de los ingresos cobrados indebidamente a familias, pymes y autónomos. Entran dentro de estos supuestos las liquidaciones realizadas por la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN) que hayan sido anuladas por resolución judicial o las rectificaciones de los contribuyentes que hayan ingresado dinero de más al presentar sus autoliquidaciones.

Esta iniciativa, cuyo objetivo es inyectar liquidez a familias, pymes y autónomos, se suma así a las medidas ya contempladas en el Decreto-ley 3/2020 y el 5/2020 de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de coronavirus (COVID-19).

En opinión de Bravo, “el entorno de incertidumbre que genera la declaración de estado de alarma nos exige a los responsables públicos la inmediata toma de decisiones para aportar certeza y seguridad a las empresas”, en un momento en el que “más que nunca es necesario que la Administración pública funcione con agilidad y eficacia”.

En esta línea, ha destacado la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda de que el Gobierno andaluz consiguió cerrar el año 2019 con un superávit del 0,02% del PIB (32 millones de euros), revirtiendo la tendencia negativa de 2018, en el que se incumplieron las tres reglas fiscales: déficit, deuda y gasto. “Hoy tenemos unas finanzas saneadas, a la vez que se han programado los presupuestos más sociales de nuestra historia”, con incrementos en 2019 de

760 millones (un 7,7% más) en sanidad, de 290 millones (un 3,7% más) la educación y universidades, y de 90 millones (un 7,5% más), en dependencia.

El consejero ha apuntado que Andalucía “ha sido la única comunidad autónoma de régimen común junto con Canarias con superávit”, a pesar de lo cual, “los incumplimientos de 2018 y la exigencia del Ministerio de Hacienda han provocado que Andalucía, hoy con unas finanzas saneadas, esté dentro del mecanismo del FLA y que haya tenido que suspender el mecanismo de salida gradual a los mercados”.

Juan Bravo ha destacado, entre las medidas recogidas en el decreto-ley que ha defendido ante la Diputación Permanente, que la Junta ha ampliado el plazo de presentación y pago de los impuestos autonómicos tres meses, de manera que los ciudadanos no tendrán que preocuparse de esta gestión hasta el mes de septiembre. Una actuación con la que el Gobierno insuflará 270 millones de euros en la economía andaluza.

El consejero ha pedido al Gobierno central que tenga la misma sensibilidad y ha recordado que las pymes y los autónomos reclaman al Estado que amplíe el plazo para presentar y pagar las declaraciones trimestrales del IVA, el pago fraccionado del impuesto de sociedades y las retenciones de IRPF, entre otros, si bien aún no ha adoptado ninguna iniciativa en este sentido.

En el ámbito financiero, Bravo ha destacado que esta misma semana la Consejería de Hacienda ha suscrito un convenio con la sociedad de garantía recíproca Garántia por el cual el Gobierno andaluz aporta 36 millones de euros para movilizar hasta 500 millones de euros en préstamos garantizados al 100% para autónomos, micropymes y pymes.

El consejero ha aprovechado para recordar al tejido empresarial que “ya se puede solicitar en las entidades financieras un préstamo por importe de hasta 50.000 euros para hacer frente a eventuales problemas de liquidez ante las circunstancias devenidas de la parálisis obligada por el estado de alarma”. Estos créditos están garantizados al 100% y cuentan con un plazo de devolución de hasta 5 años y con un periodo de carencia de hasta 12 meses. “Estimamos que podríamos llegar a 20.000 operaciones, con la ventaja sobre el ICO que éstas están garantizadas al 100% mientras que los avales del Estado no superan el 80% de la garantía”.

El mantenimiento del empleo es otra prioridad en esta crisis, y como medida orientada a este fin y a la viabilidad económica de las empresas con las que trabaja la Junta, el Gobierno andaluz ha adoptado medidas para asegurar el

pago del precio de los contratos de servicios y de concesión de servicios correspondiente a las nóminas de todo el personal adscrito a la prestación del mismo, aun cuando éste no se preste durante la vigencia del estado de alarma, así como de todos los costes asociados salvo los fungibles y los extraordinarios.

En este punto, el consejero ha señalado la existencia de una discrepancia con el Gobierno central, que dejaba fuera del pago las cotizaciones de la Seguridad Social, “un supuesto que desincentivaba su aplicación y empujaba al empresario al ERTE, y que al ser normativa estatal, invalidaba nuestro medida”. Sin embargo, y tras la propuesta de Andalucía, el Gobierno ha rectificado y ha modificado la redacción del artículo que entraba en conflicto, incluyendo el pago de cotizaciones. De hecho, el Consejo de Gobierno se reunió en la tarde de ayer de forma extraordinaria para aprobar un decreto-ley urgente que aclara la normativa estatal. Una medida que solo en el sector educativo podrá beneficiar a unos 30.000 trabajadores.

De otra parte, el Gobierno andaluz ha habilitado la contratación de emergencia para garantizar la inmediata contratación de cuantas actuaciones pudieran ser adecuadas para hacer frente a la crisis sanitaria, y mediante el Decreto Ley 5 “se incorpora una modificación para permitir el pago adelantado al 100% en las contrataciones de emergencias que facilita acceder en mejores condiciones a la compra de material sanitario”.

“La crisis del COVID-19 obligará a reestructurar el Presupuesto andaluz de 2020, y exigirá el incremento de los gastos sanitarios y sociales, lo que va a exigir enormes esfuerzos del conjunto de las Consejerías cediendo parte de sus proyectos para dotar a Salud y Empleo de los máximos recursos. Espera-mos poder contar con el apoyo de sus señorías”, ha concluido el consejero.







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