Hace 41 años

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Cuarenta y un años atrás, lo que no imaginaban los diputados y senadores de las Cortes constituyente, ni mucho menos los ponentes del texto, hoy llamados ‘Padres de la Constitución’, es que la actual generación de políticos estaría transida por el obstruccionismo como rasgo más característico.
En efecto, en aquellos días finales de 1978 fructificaba una política constructiva, positivista, que supeditaba al objetivo final -la plena consolidación de la democracia- las metas que legítimamente persiguiesen los distintos partidos y sus estrategias. Ese fue el secreto del éxito, siempre transitado sobre líneas de concesión mutua por parte de todos y el paraguas de la palabra mágica: consenso.
Recuerdo un acto político de los socialistas previo a la jornada del referéndum. Era una mañana festiva en un recinto muy pocas veces utilizado para mítines, el cine Goya. Al final del acto, un individuo entrado en años se acercó al corro donde José Ladrón de Guevara charlaba con periodistas. Aquel individuo espetó con palabras de crítica al después diputado que un partido vocacionalmente republicano aceptase la monarquía parlamentaria como forma de Estado. “Mire usted”, replicó ‘el Búho’ esgrimiendo uno de los libritos de color beig que como propaganda institucional se habían enviado a todos los hogares de España, “vaya a estas últimas páginas, donde dice ‘quedan derogados…’, porque a mí me bastan para votar ‘sí’ en el referéndum”.
Los textos que quedaban derogados con la aprobación inminente de la Constitución eran los fueros del trabajo y de los españoles y otros ‘bodrios’ legales que el franquismo durante sus casi cuarenta eternos años había ido aprobando ratificados en aquellas Cortes del ‘sí, señor’ a todo lo que emanase de El Pardo, con el propósito de dar una apariencia de legalidad y legimitidad al régimen nacido de una guerra civil que jamás hizo nada por la reconciliación entre los españoles.
Paradojas de los 41 años transcurridos: la Constitución Española, bajo sospecha por una generación de ‘jovenzuelos’ políticos que -probablemente sin ellos saberlo- viven atrapados en el tiempo de una asamblea de facultad de los primeros años 70 y necesitarían toda la cosecha de ‘Clerasil’ para superar su desfasado acné juvenil. Más paradojas: los que entonces se opusieron al texto hoy se presentan como sus principales valedores. Y más aun: en Cataluña, donde se registró el mayor índice de participación y aceptación, unos supremacistas que hasta hace bien poco eran ridiculizados en la propia Cataluña, desbordan ahora el marco constitucional gracias al cual han conseguido el mayor nivel de autogobierno y autonomía que jamás tuvieron en todos los años de su real y su también inventada historia….
La Constitución fue un texto de deliberada ambigüedad. En su voluntarista redacción se declaraban aspiraciones y se aplazaba a la elaboración de las leyes que la desarrollasen el encaje de problemas que ahora, más de cuarenta años transcurridos, resurgen más por voluntad de políticos ambiciosos que por anhelo o demanda ciudadana.
Entre ellos, y en este momento concreto, el del modelo territorial, cuya redacción ya suscitó un prolongado debate, resuelto finalmente con la inclusión del término ‘nacionalidades históricas’ en su articulado. Es el título octavo y el artículo 137 y sucesivos, entre ellos el 141 y el 144. La aparente contradicción entre uno y otro podría hoy ser analizado desde la perspectiva de una España ‘de dos velocidades’, bajo la que se debatiría años después la plena integración europea cuando se llegó al Tratado de Maastricht.
En efecto, la Constitución reservaba dos vías para la consecución de la autonomía: por un lado, las históricas, bajo el artículo 141, y por otro, un camino más lento según el 144. La cuestión a analizar es el término ‘nacionalidades históricas’, que en 1977 podía entenderse destinado a las regiones que en el pasado habían contado con un estatuto de autonomía (Cataluña y País Vasco), pero que en seguida, dentro de aquella fiebre de ‘estreno’ que representaba la libertad recién conquistada, extendieron a todos los antiguos reinos en la historia de España algunos políticos oportunistas de cuyo nombre no quiero acordarme.
Todo se desmadró cuando el PSOE en la oposición vio una oportunidad de desgaste en la torpe posición del gobierno de UCD respecto a la autonomía de Andalucía. Y como los andaluces reaccionaron con dignidad y superaron todos los cálculos imaginados en distinto sentido por centristas y socialistas, aquello se fue de las manos, se creó un problema mayor del que se pretendió encauzar y la solución fue, andando los años, este desmadre autonómico de banderas, gobiernos y parlamentos (más organismos inútiles de toda laya, iniciativas por emulación de otras autonomías, oposición real desde las regiones al Gobierno central, etcétera, etcétera…) de difícil digestión.
Obnubilados por el debate autonómico, nos enredamos ahora en la búsqueda de soluciones a través de las palabras, por ejemplo cuando se habla de modelo federal sin tener en cuenta que el vigente sistema autonómico ha ido más allá de lo que hubiera sido en 1978 desarrollar el de las federaciones…
Y obnubilados por la tensión separatista también nos olvidamos de la declaración primera, la que abre la Constitución Española de 1978: ‘España se constituye en un Estado Social y de Derecho…’ y sus inmediatos: derecho a una vivienda digna y a un trabajo digno. Defender esos dos artículos tiene hoy -lamentablemente- más vigencia de la que diputados constituyentes y ‘Padres de la Constitución’ pudieron imaginar en aquel lejano y bendito 1978. Pero ellos ni la Constitución ni aquellos diputados ni aquellos ‘Padres’ tienen la culpa.


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