Guardias civiles, indignados tras la absolución de un coronel por narcotráfico

La AUGC, que actuó como acusación en el juicio, critica la "exasperante lentitud de la maquinaria administrativa", que ha permitido que el delito haya prescrito

Primera sesión del juicio contra el coronel acusado de delito contra la salud pública
Una de las sesiones del juicio contra el coronel que ahora ha sido absuelto | Foto: Europa Press
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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su «estupor e indignación» con la absolución del coronel de la Guardia Civil juzgado el pasado verano por narcotráfico, después de que la Audiencia de Granada haya considerado «acreditado» pero prescrito el delito contra la salud pública que se le atribuía.

El colectivo ha señalado en un comunicado que se trata de unos hechos de «especial gravedad que ahora quedan sin castigo a causa de la exasperarte lentitud de la maquinaria administrativa, que de este modo provoca que quede impune una acción contra la salud pública cometida precisamente por la persona cuyo cometido era preservarla».

Para la AUGC, que estaba personada como acusación en la causa, este «fracaso» deja en evidencia el «anquilosamiento burocrático de la Guardia Civil, que una vez más no supo reaccionar con la celeridad necesaria para combatir la corrupción dentro del cuerpo», lamentando «el hermetismo que todavía arrastra desde tiempos predemocráticos» el Instituto Armado.

La Fiscalía había pedido para el coronel nueve años y tres meses de prisión y una multa de 6,3 millones de euros por un delito de cohecho y otro contra la salud pública, mientras que la AUGC elevó su petición a 13 años de cárcel, 15 de inhabilitación y el pago de 10,3 millones de euros de multa.

A juicio de la AUGC, esta «falta de consecuencias de la comisión de un grave delito por parte de un alto mando de la Guardia Civil contrasta, de un modo grosero y doloroso, con el ensañamiento que se produce desde la Dirección General contra agentes de base, al abrirles expedientes disciplinarios por únicamente ejercer sus funciones como representantes de una asociación profesional» o enviarles a prisión aplicando el Código Penal Militar «por discusiones entre compañeros».

Es el caso del agente que en unos días ingresará en el penal militar de Alcalá de Henares por una pelea con un compañero mantenida hace nada menos que ocho años, encontrándose ambos fuera de servicio y de las instalaciones oficiales.



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