Granada recibe un 13,15% más de subvenciones para la financiación del transporte público

La capital granadina percibirá 2.469.931, 91 euros y otros municipios también verán incrementadas estas ayudas

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Autobús urbano de Granada en la parada junto a la estación de autobuses | Foto: Archivo GD
Redacción GD
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Con la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) ha señalado que el transporte público andaluz recibirá este año para su financiación casi un 17% más de subvenciones del Estado, que escalarán por encima de los 17,6 millones de euros. En el caso de Granada capital, recibirá un 13,15% más de subvenciones para financiar el transporte público, con una cantidad total de 2.469.931, 91 euros en estas ayudas.

Municipios granadinos como Almuñécar o Motril también verán incrementadas las subvenciones que percibirán para la financiación del transporte público. Así, según los datos recabados por ATUC, Almuñécar recibirá un 8,01% más de dinero de estas ayudas con respecto al año anterior, mientras que Motril percibirá un 14,29% más. La cantidad para Almuñécar será de 52.754,62 euros y para Motril, de 32.685,47 euros.

A nivel general, ATUC pide al Estado una mayor implicación a la hora de articular políticas relacionadas con la movilidad sostenible, pues actualmente apenas subvenciona el 7% de lo que cuesta cada año el sistema en España. En este sentido, el coste se ha mantenido prácticamente intacto en los últimos siete años, cuando las subvenciones de Hacienda se recortaron un 27% en plena crisis, lo que está limitando el desarrollo del transporte público en un contexto de lucha contra el cambio climático y la contaminación en las ciudades, buscando reducir los coches en circulación con el cierre al tráfico privado de los centros urbanos de casi 150 ciudades y fomentar el transporte público como alternativa sostenible para moverse.

En total, la Administración central, a través del Ministerio de Hacienda, inyecta anualmente 51 millones de euros a más de 90 municipios, cuando los costes ascienden hasta los 5.000 millones. Estos fondos se completan con los cerca de 295 millones que reciben las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona, Canarias y este año también Valencia, y que se financian mediante los llamados contratos programa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al ser su transporte público más complejo y contar con varios modos (autobús, metro y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de financiación que encarecen el coste del sistema.

Para ATUC es fundamental “una mayor implicación del Estado”, que debería como mínimo llegar al 15% de la financiación del sistema para contribuir realmente al desarrollo del transporte público urbano y metropolitano. “De esta forma, el esfuerzo de todas las partes implicadas sería mucho más equitativo y como tal debería quedar reflejado en una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito nacional, de la que España es el único país de Europa que carece actualmente”, ha lamentado ATUC.

Un reparto más justo

Si España tuviese un marco legal para la financiación del transporte público, la norma permitiría establecer criterios diferentes y más justos a la hora de repartir las subvenciones a los ayuntamientos. En la actualidad, el reparto que hace Hacienda se establece de media en un 85% en función del déficit por billete, aportando más en aquellos casos en que los ingresos por billetes cubren menos costes y dejando a un lado factores tan importantes como la eficiencia.

Con el actual método se puede dar el caso de que una ciudad que tenga un transporte público más complejo y, por tanto, una mayor necesidad de financiación reciba hasta cinco veces menos fondos que otra con una población similar pero que por tener unas condiciones menos complejas puede justificar una menor eficiencia de su sistema. Por ello, ATUC pide una revisión de los criterios de reparto en el que no tenga tanto peso el déficit por billete y se dé mayor protagonismo a otros aspectos como la demanda, la longitud de línea o los criterios medioambientales; es decir, un modelo más equilibrado y eficaz y menos perverso.

Esta Ley de Financiación del Transporte Público permitirá, además, conocer con mayor antelación las subvenciones que recibirán los ayuntamientos, que hasta la fecha deben esperar a los últimos días del año para conocer los fondos del Estado con los que contarán en el siguiente ejercicio y que tanto les condiciona, entre otros aspectos, las inversiones en servicio y renovación de flota.



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