El fiscal mantiene su petición de 9 años de inhabilitación para el exacalde de Otura

Le atribuye un delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de dos aulas en un colegio de la localidad

Juzgados de Granada en Caleta
El juicio contra el exalcalde se desarrolla en el edificio de La Caleta | Foto: Antonio L. Juárez
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La Fiscalía ha mantenido su petición de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el exalcalde de Otura (Granada) Ignacio Fernández-Sanz (PP) por un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación de las obras de dos aulas en el colegio infantil Virgen de la Paz de la localidad, unos hechos que han sido juzgados este miércoles en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, el exalcalde ha defendido la legalidad del procedimiento, y, a propuesta de la defensa, ha declarado como testigo, el que fuera su concejal de Obras, Ignacio Pérez Cabrera, que ha indicado que fue responsable de la tramitación del proyecto.

Tanto el Ministerio Público como la acusación particular, que representa al Ayuntamiento de Otura, han elevado a definitivas sus conclusiones con petición de inhabilitación al entender que en el proceso no se siguió supuestamente el procedimiento legalmente establecido, han indicado a Europa Press fuentes del caso.

El procedimiento se inició en virtud de una denuncia del Ministerio Público por unos hechos que se remontan a los meses de julio a septiembre de 2011, cuando el entonces alcalde supuestamente adjudicó a una empresa «de forma directa» y sin la preceptiva oferta pública las obras de construcción de estas dos aulas en el colegio de la localidad, que se presupuestaron en 85.196 euros más IVA.

Según ha hecho constar la Fiscalía, se acusa a Fernández-Sanz de hacerlo «sin seguir, a sabiendas», el procedimiento administrativo, que consistía en la elaboración de un proyecto de ejecución redactado por personal técnico y en el seguimiento de un procedimiento negociado sin publicidad.

Finalmente la obra se ejecutó en agosto de 2011 por la empresa adjudicataria por 70.509 euros que fueron abonados por el Consistorio. El juicio, celebrado en la mañana de este miércoles, estaba previsto que se celebrara el pasado septiembre pero fue aplazado al 6 de noviembre por petición del abogado de la defensa.



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