Fiscalía mantiene su petición de prisión para el exalcalde de Atarfe por las licencias de Medina Elvira

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de dos años de prisión para el exalcalde de Atarfe (Granada) Tomás Ruiz Maeso, del PSOE, por las supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de Medina Elvira, un macrocomplejo urbanístico que estaba llamado a convertirse en una urbanización de lujo dotada de instalaciones turísticas y comerciales y un campo de golf de 18 hoyos.

En la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Granada, el Ministerio Público ha mantenido también su acusación para el resto de acusados, entre los que hay dos técnicos, los cuales se enfrentan, como Ruiz Maeso, a dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística.

Asimismo, el Ministerio Público atribuye tres delitos continuados de estafa al representante legal de la mercantil Bareo Investments y Vladiglof --la empresa propietaria de los terrenos--, y para los representantes legales de las promotoras Península Project, y Costaind y Costa Indálica. Para cada uno de ellos solicita seis años de prisión y multa de 14.400 euros.

El exalcalde de Atarfe Tomás Ruiz Maeso defendió el pasado lunes 20 la legalidad de su gestión en la concesión de las licencias de primera ocupación del complejo Medina Elvira, en el inicio de este juicio, que ya estuvo señalado para el 25 de enero de 2016, cuando se devolvió a Instrucción, entonces también contra el hoy fallecido ex regidor socialista atarfeño Víctor Sánchez.

Según hizo constar la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, con las conclusiones elevadas este miércoles a definitivas, Ruiz Maeso, en connivencia con los también acusados secretario y arquitecto municipal, "aprovechándose de sus cargos municipales y obviando el cumplimiento de la legalidad", concedieron irregularmente las licencias de primera ocupación a diversas promotoras del complejo residencial Medina Elvira.

Con ello, favorecieron y permitieron que las sociedades implicadas procedieran a la venta de inmuebles "a sabiendas de que no contaban con los servicios mínimos imprescindibles, exigidos legalmente, para su ocupación y habitabilidad, así como incumpliendo los trámites esenciales y previos a la concesión de las licencias".

De este modo se concedieron supuestamente siete licencias de primera ocupación a distintas sociedades titulares de unas promociones de viviendas y de un centro docente ubicadas en este sector residencial.

La Fiscalía mantiene que esto se hizo "eludiendo los requisitos exigidos por la normativa urbanística para este tipo de suelo y los trámites legalmente previstos para ello", en ocasiones, previo informe favorable del arquitecto municipal, "pleno conocedor" dado su cargo de "las condiciones exigidas legalmente".

Para el fiscal, los responsables de las empresas Bareo Investments y Vladiglof, y de las promotoras Península Project, y Costaind S.A. y Costa Indálica, guiados por el ánimo de "obtener un lucro ilícito" procedieron a la venta de los pisos de que eran titulares en el complejo residencial, aún siendo plenamente conscientes de la situación en que se encontraban las viviendas.