La Fiscalía mantiene su petición de sobreseimiento para el exalcalde de Castril

La Fiscalía ha mantenido este miércoles su petición de sobreseimiento para el exalcalde socialista de Castril (Granada) José Juan López Ródenas en la última sesión del juicio que se ha celebrado contra él en la Audiencia de Granada, al entender que no ha quedado acreditado que contratara de forma consciente y voluntaria en el móvil que le asignó el Ayuntamiento servicios de marketing por Internet, televisión y de 'cámara oculta sexy' ajenos a la función pública que desarrollaba.

López Ródenas, que fue alcalde de Castril de 2004 a 2011, declaró el martes que nunca llegó a contratar ninguno de estos servicios por los que se le ha tarifado y que aparecían reflejados en las facturas, sino que fue víctima de una "estafa". Ya en su escrito de calificación provisional la Fiscalía recogía esta hipótesis, incidiendo en que "son numerosas las quejas" de usuarios de la compañía telefónica "por la receptación de servicios de tarifación adicional que suponen un incremento en su factura mensual y que no han sido contratados".

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, mantiene que sí los contrató y le acusa de un delito de malversación de fondos públicos, aunque este miércoles ha rebajado su petición inicial, que conllevaba cárcel, a 3.240 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.

Será ahora el jurado popular que enjuicia este el caso el que deberá determinar la culpabilidad o no del exregidor, una vez que reciba el objeto del veredicto y se retire a deliberar.

En la primera sesión del juicio se puso de manifiesto que el coste total por estos servicios de telefonía fue de 1.579 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal, por lo que su defensa sostiene que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril y el propio exregidor enmarca esta causa en una campaña de "acoso y calumnias" contra su persona.

Desde el Ayuntamiento de Castril, representado por el letrado Rafael Revelles, rechazan el argumento de que se trate de una estafa al registrarse cargos por servicios de diez empresas diferentes durante varios años, algunas de las cuales requerían claves de acceso para disfrutar de los contenidos. Agregan que, aunque el exregidor devolviera el dinero y no se trate de una cantidad muy elevada, ello no impide que se cometiera el delito y lo que buscan con esta acusación es un "reproche penal" a esa forma de proceder.