El PP exige la dimisión de Teresa Jiménez por la “negligencia” de la Junta en el proceso judicial del Nevada

El Partido Popular de Granada ha exigido hoy la dimisión inmediata de la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, por la “negligencia” de la Junta de Andalucía en el caso judicial abierto en torno a la construcción del centro comercial Nevada, después de que el TSJA condene a la administración andaluza a indemnizar con 166 millones de euros a su promotor, Tomás Olivo.

El secretario general del PP granadino, Pablo García, ha recordado que Teresa Jiménez era la delegada del Gobierno andaluz cuando se inició el proceso judicial por el caso Nevada “y es la máxima responsable hoy del PSOE en la provincia de Granada.

García ha hecho hincapié en las razones que da el TSJA para condenar a la Junta. “Dejadez, abandono y comodidad a la hora de afrontar el proceso. Nos parece absolutamente bochornoso”. Por ello, ha planteado si algún dirigente del PSOE “va a salir a dar la cara y que nos digan por qué se esconden”. “Los granadinos tienen derecho a que el PSOE les explique qué está pasando en el gobierno de la Junta de Andalucía”, ha insistido Pablo García.

“¿Alguien se puede creer que a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía se les olvidara por motivos de agenda acudir a la vista? ¿Alguien se puede creer que no se presentara ni recurso ni protesta en la segunda instancia? Lo que queda claro es que los granadinos vamos a tener que pagar 166 millones de euros por la dejadez, abandono o simple comodidad de los responsables d de la Junta de Andalucía”, ha recalcado el secretario general del PP.

Por ello, ha exigido responsabilidades políticas al PSOE de Granada, en la persona de su secretaria provincial, y que sea el PSOE “quien pague de su bolsillo esta millonada”. “Estamos hartos de tener que pagar las calamidades gestionadas por los socialistas en la Junta. Primero fue el metro, con 600 millones de euros y más de diez años de demora; después, la nefasta fusión hospitalaria; y ahora, esta indemnización millonaria”.

Pablo García ha preguntado “cuántas depuradoras, cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas infraestructuras como los viales metropolitanos se pueden hacer con esos 166 millones de euros”. Así, ha recordado los “millones perdidos” con el caso Alhambra o el caso de las audioguías. “El PSOE está arruinando a Granada. Con el PSOE, Granada es la última en lo bueno y la primera en lo malo”.

Por su parte, el portavoz del PP en el municipio de Armilla, Antonio Ayllón, ha insinuado que esta “dejadez, negligencia y comodidad” por parte de la Junta de Andalucía se haya hecho “a propósito”, porque “no llegamos a entender cómo una administración sustentada por el PSOE es capaz de dejar en el aire una demanda de 260 millones de euros, sin que intervenga ningún abogado, se presente recurso alguno o informe pericial”. “Solo se puede explicar si hay algún trasfondo de presunta intencionalidad”, ha afirmado.

A juicio del también diputado provincial del PP, esta sentencia se suma al listado de “disparates” que envuelven la gestión socialista en la construcción del centro comercial Nevada. “El PSOE y la Junta se van superando en cuanto a gestión, despilfarro, desidia, abandono y escándalo en nuestra provincia”, ha añadido.

Ayllón ha recordado que esta no es la primera sentencia que condena a la Junta de Andalucía por daños y perjuicios contra el promotor del centro comercial Nevada. En la primera denuncia interpuesta por Tomás Olivo, se reclamaba a la administración andaluza 260 millones de euros, que quedó en 157 millones de euros en esa primera sentencia que condenaba a la Junta de Andalucía. “Ahora la cantidad a pagar ha subido y ya son nada más y nada menos que 166 millones. Si se presenta recurso ante el Supremo, mucho nos tememos que la cantidad a abonar vaya en aumento, por las pésimas gestiones de la Junta”, ha ironizado el popular.

No obstante, el portavoz del PP armillero ha defendido que no es el Partido Popular el que pone sobre la mesa los argumentos contra la Junta, “sino que son los propios tribunales de justicia los que dicen que el gobierno de Susana Díaz dejó pasar los plazos de impugnación previstos en el ordenamiento jurídico para defender el estricto control de la legalidad en el ámbito de sus competencias, que la Junta no ha ejercitado los mecanismos previstos en la Ley de Bases de Régimen Local pese a tener oportunidad para ello, que la falta de esa oportuna impugnación permitió la consolidación de una determinada normativa urbanística y, por ende, de la licencia referida. No lo dice el PP, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

“La actuación de los representantes de la Junta de Andalucía se hizo tarde, mal y con un coste para los granadinos de 166 millones de euros, por lo pronto”, ha insistido Ayllón.