El PP anuncia que no asistirá al Consorcio de Transportes si la Junta “rompe” el consenso

El Partido Popular ha anunciado que mañana no asistirá a la reunión del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana al no estar dispuesto a permitir que la Junta de Andalucía “expulse” al Ayuntamiento de Granada en la toma de decisiones del organismo metropolitano. “No entendemos si, cuando se crea el Consorcio hace 13 años, Junta y Ayuntamiento acuerdan tomar las decisiones conjuntamente, por qué ahora la Junta quiere cambiar las reglas del juego y expulsar al Ayuntamiento de Granada”, ha planteado Ana Vanesa García, parlamentaria andaluza del PP.

Para los populares, la medida que pretenden ejecutar los socialistas “viene a romper el consenso que desde hace 13 años ha existido” y que no tiene más objetivo “que los ayuntamientos paguen un servicio, pero que no tengan voz en la toma de decisiones, como el cambio de itinerarios o el precio del billete”.

La parlamentaria andaluza del PP ha defendido que el PP no va a consentir que la Junta de Andalucía convierta a los ayuntamientos en “convidados de piedra”, obligándoles a pagar, “pero impidiendo que puedan tomar decisiones”. “Acabaría así el consenso y la solidaridad que ha imperado en el Consorcio hasta hoy, con representantes de todos los partidos políticos que siempre nos hemos respetado, permitiendo que el Consorcio fuera un foro de discusión y decisión de todos, no solo del PSOE”, ha criticado García.

En este sentido, ha explicado que la competencia del transporte interurbano es exclusivamente de la Junta de Andalucía, pero que los ayuntamientos están colaborando económicamente “por solidaridad” para mejorar la movilidad y el uso del transporte público entre los municipios del Área Metropolitana, y ha recordado que el Ayuntamiento de Granada “tiene su propio servicio de transportes” y es parte del Consorcio “por solidaridad con los pueblos vecinos”.

Ana Vanesa García ha considerado que es la Junta de Andalucía la que debe “recapacitar” y “retirar” ese punto de la modificación de los Estatutos, puesto que responde a un “capricho” del PSOE “al que no obliga ninguna ley”, para que el Consorcio vuelva a la línea del “consenso y la solidaridad” y a su normal funcionamiento en beneficio de los alrededor de 50 municipios del Área Metropolitana a los que se presta servicio