El Observatorio Municipal de Delitos de Odio de Granada, un proyecto «paralizado» siete meses después del 26-M

Desde el Ayuntamiento piden "paciencia" tras cinco meses desde que se formara el gobierno mientras que miembros de la anterior corporación insisten en la "falta de ganas" y en el escaso interés puesto en el traspaso de poderes

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El Defensor del Ciudadano contabilizó 22 casos de delito de odio por homofobia en 2018. En 2017, en toda la provincia, sólo consta un denunciante, según el Ministerio de Interior | Foto: Archivo GD
Álvaro HolgadoÁlvaro Holgado
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Si hay un arma necesaria para visibilizar a colectivos históricamente oprimidos a nivel social son los datos. El ejemplo claro lo tenemos en la violencia de género, una lacra que sólo terminó de ponerse sobre la mesa una vez el número de mujeres asesinadas se categorizó y se contabilizó como un delito aparte, que necesitaba políticas e instituciones específicas para disminuir poco a poco iba una cifra anual a la que ya nadie se atreve a hacer puntualizaciones.

Los delitos de odio tienen, eso sí, su propia problemática. Se trata de una suerte de cajón de sastre donde la homofobia, la transfobia, la xenofobia o la aporofobia entre otros entran todos en un mismo saco. Asimismo la formación y la concienciación tanto de los propios denunciantes como de los diferentes cuerpos policiales se encuentran aún en un proceso, en el que se ha avanzado, pero que aún se sentencia como insuficiente. Las denuncias, según apuntan unánimemente colectivos como el LGTBI, apenas llegan a producirse. Prueba de ello es que, precisamente, el Informe del Ministerio de Interior al respecto deja a Granada, no como ciudad sino como provincia, en un solo denunciante en todo el año 2017 por homofobia. Una cifra ilógica, si tenemos en cuenta que a lo largo de 2018, sólo en la oficina del Defensor del Ciudadano, fueron 22 los casos atendidos por este tipo de delito.

Con el objetivo de cruzar datos y establecer estrategias y políticas para frenar y visibilizar este apartado se aprobó este mismo año, concretamente en marzo, un Observatorio Municipal de Delitos de Odio en Granada. Una medida pionera, cuyo apoyo en el pleno del Ayuntamiento fue unánime por parte de los grupos políticos de la oposición. 7 meses después aprobarse, el proyecto se encuentra en estos momentos paralizado y a la espera de ver cuando volverá a ponerse en marcha. Tras el cambio de gobierno en la ciudad, la última reunión mantenida al respecto fue una semana antes de las elecciones del 26-M. Se celebraba así la primera de las dos reuniones que la mesa está obligada a convocar por reglamento. Allí se constituyeron seis comisiones de trabajo junto con los colectivos y asociaciones invitadas a participar, las cuáles no han vuelto a ser convocadas desde entonces.

El Ayuntamiento pide «paciencia» mientras que miembros de la anterior corporación les acusan de «falta de ganas»

Según indican desde la anterior corporación, en el momento del traspaso de poderes en el área de Derechos Sociales no se produjo ningún tipo de interlocución con el gobierno entrante. «A la semana siguiente del pleno de constitución me puse en contacto con la secretaria del nuevo Concejal, para ponerme a su disposición, al margen de las siglas de nuestros partidos. Para explicarle asuntos pendientes y que les pudiera dar continuidad, evitando rupturas entre un gobierno y otro. Entre esos asuntos estaba la continuidad del Observatorio. Quería hacerle llegar toda la documentación sobre la que estábamos trabajando y el diseño de actuaciones que ya habíamos empezado a avanzar. Pero nunca me llamó, volví a insistir, al ver que no se avanzaba en los proyectos iniciados y nunca accedió a reunirse conmigo» apunta Jemi Sánchez, ahora ex concejala del Área con el PSOE.

Las comisiones de trabajo, por poner un ejemplo, tendrían que tener una «continuidad a poder ser mensual» , en palabras de Sánchez, algo que en ningún caso se ha producido hasta ahora. La responsabilidad, de hecho, le corresponde a la presidencia del observatorio, que ostentaría siempre el concejal mismo, en este caso, José Antonio Huertas, de Ciudadanos.

Este alega al tiempo prudencial de un organismo que se presupone a priori complejo. «Para reunir a todas las entidades, asociaciones, ONG y demás se necesita coordinar a mucha gente y eso lleva un tiempo», por lo que pide «paciencia» para un proyecto por el que, insiste Huertas, seguirán apostando, pero para el que la primera reunión se encuentra aún por determinar en fecha. La excusa no parece convencer, eso sí, a algunos de los miembros tanto de la anterior corporación como de otros colectivos, que acusan al actual consistorio de «falta de ganas» y de dejar el Observatorio «paralizado».

No comparte la misma opinión por su parte el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, quien  pide por ahora «respetar los tiempos» tras la llega de Huertas al Área, aunque apunta «que no sería mal momento para convocar la mesa», toda vez que, aunque no tiene constancia de convocatoria alguna, confirma que «esta misma semana» se le ha contactado desde el Ayuntamiento que esta se producirá en «en breve».



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