El indulto: de los mossos condenados por torturas a los huelgistas de Granada

Los modernos Estados basan buena parte de su estructura en la separación de poderes, esa misma que dice que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial deben de ser entidades independientes. Esto, dependiendo del grado de desarrollo de la democracia a valorar, suele ser cierto, aunque hay excepciones. El indulto es una de ellas.

En España, el indulto ha perdiendo popularidad con el paso de los ejecutivos. Así, de los más de 1500 indultos de 1998 y 2000, se ha pasado a los 534 y 204 de 2012 y 2013 respectivamente. El descenso en el número de 'perdones' ha sido más que notable, no así su polémica por los perfiles de los condenados indultados: un guardia civil condenado por omisión del deber al consentir y grabar las vejaciones de un compañero suyo a una mujer; cuatro mossos d'Esquadra condenados por tortura... esos han sido sólo algunos de los casos más relevantes aunque la lista completa se puede consultar aquí.  

LOS OTROS INDULTOS

Pero también se intentan acoger al indulto otro perfil de condenados, como es el caso de Carmen Bajo y Carlos Cano, los huelgistas que participaron en un piquete en el año 2012 y que se enfrentan a una condena de tres años y un día por un delito contra el derecho de los trabajadores. En su día, Carmen ya ofreció su versión en Granada Digital y, aunque poco optimista, no cerraba la puerta a recibir la medida de gracia. 

Ayer, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se pronunció por primera vez sobre las condenas de Carmen y Carlos, unas sentencias que también se ha repetido en otras provincias como Pontevedra y Vigo y que el ministro está dispuesto a estudiar. Así lo explico en una reunión con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, tras la cual, Gallardón aseguró que la medida exige "un estudio individual de cada caso".

Por el momento, el tramite para la medida de gracia sigue su curso y, aunque puede tardar en llegar varios meses, desde el equipo legal de Carmen y Carlos ya se ha remitido un escrito, una objeción legal que sitúa la condena en el marco de la huelga general de 2012 y que asegura que, de haberse producido los hechos en otro momento, los condenados no se habrían enfrentado a una condena de prisión.